Bogotá, 13 de noviembre de 2024 — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este miércoles a seis exintegrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, como “máximos responsables” por el reclutamiento forzado de 18,677 niños en el marco del conflicto armado. Esta decisión histórica marca un avance en el caso de reclutamiento de menores, conocido como el Caso 07, y deja a la vista la magnitud del daño infligido a las víctimas.
Según la JEP, los imputados, además de Londoño, incluyen a Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape, Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo, estos últimos actualmente senadores por el partido Comunes, sucesor político de las FARC. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó su responsabilidad en el reclutamiento, malos tratos, torturas, homicidios y diversos tipos de violencias sexuales y reproductivas.
Infancia y abuso en el conflicto armado
Entre 1971 y 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz, las FARC reclutaron de manera sistemática a 18,677 menores, la mayoría entre 1996 y 2016, según la investigación. La JEP documentó casos de abusos como esclavitud sexual, uniones forzadas y violencia física y psicológica que dejaron cicatrices profundas en los niños y niñas.
Estas violencias afectaron gravemente a las menores reclutadas, de las cuales el 35 % reportaron haber sufrido abuso sexual, y representaron el 17 % de las víctimas totales en el conflicto. Las condiciones de vida de estos niños, que incluían una exposición constante a la violencia y la muerte, truncaron su infancia y afectaron su desarrollo emocional, social y educativo.
Responsabilidades y jerarquía
La JEP considera como “máximos responsables” a aquellos con autoridad y liderazgo en la estructura de las FARC, quienes participaron en las Conferencias Nacionales Guerrilleras, donde se definieron políticas estratégicas para la organización, incluyendo el reclutamiento. La Sala concluyó que los comandantes, en su rol de guiar y coordinar la implementación de políticas, fueron plenamente conscientes de los crímenes cometidos sin tomar medidas para detenerlos.
Por otra parte, el exmiembro del Secretariado Rodrigo Granda fue excluido de las imputaciones, ya que se determinó que no participó en la definición de políticas relacionadas con el reclutamiento ni en la regulación de la vida dentro de las filas de la guerrilla.
Consecuencias emocionales y físicas permanentes
La JEP subrayó que las experiencias dentro de las filas de las FARC dejaron huellas imborrables en los menores reclutados. “A ellos y ellas les fueron negadas herramientas emocionales, sociales y educativas esenciales para una vida en sociedad”, afirmó el tribunal. Entre los daños más severos, los sobrevivientes de violencia sexual y reproductiva padecen lesiones físicas y emocionales profundas, afectando su vida adulta y su capacidad para formar vínculos afectivos.
La JEP, en el marco de su mandato de justicia transicional, permite a los imputados reconocer responsabilidad y aportar a la verdad y la reparación para las víctimas. Este proceso constituye un paso fundamental hacia la reconciliación en un país marcado por décadas de conflicto armado.
