Ciudad de México, 25 sep.- Con una mayoría calificada de 86 votos a favor y 42 en contra, el Senado mexicano aprobó este miércoles la reforma constitucional que afecta a la Guardia Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa, que fue discutida en una sesión maratónica que se extendió desde la noche del 24 hasta la madrugada del 25 de septiembre, busca formalizar el control de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en medio de intensos debates sobre la militarización de la seguridad pública en México.
Debate entre militarización y seguridad pública
Los legisladores de la oposición, incluidos miembros del PAN y Movimiento Ciudadano, advirtieron que esta reforma representa un paso hacia la militarización de la seguridad pública, argumentando que el enfoque militar no ha solucionado la violencia relacionada con el narcotráfico, que ha afectado a México desde hace casi dos décadas. El senador panista Ricardo Anaya criticó duramente la medida, señalando que aunque la Guardia Nacional tiene un mando civil en su constitución, la mayoría de sus miembros provienen de las fuerzas armadas, lo que contradice las afirmaciones del gobierno de que no se está militarizando el país.
Por su parte, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la iniciativa, argumentando que la reforma es necesaria para garantizar la seguridad y el orden en el país. Citlalli Hernández, senadora de Morena, sostuvo que el control militar de la Guardia Nacional no implica militarización y rechazó las críticas de incongruencia por parte de la oposición.
Posturas encontradas dentro y fuera del Senado
Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación por la vulneración de los derechos humanos y las garantías individuales, especialmente en las zonas más afectadas por la criminalidad. Barrales citó informes de la ONU que alertan sobre los riesgos de militarizar la seguridad pública, afirmando que esto podría poner en peligro la democracia mexicana.
Por otro lado, el senador Javier Corral, defensor de la reforma, lamentó que el debate sobre seguridad pública se haya politizado, criticando a los opositores que no reconocen la herencia de violencia de gobiernos anteriores. Corral destacó los esfuerzos del actual gobierno por frenar el aumento de homicidios, aunque el país sigue lidiando con altos índices de violencia.
Preocupación internacional y perspectiva futura
La reforma será enviada al presidente López Obrador para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México han pedido detener la reforma, insistiendo en que se debe priorizar un modelo de seguridad civil.
La creciente implicación de las fuerzas armadas en tareas civiles ha generado preocupación tanto dentro como fuera del país. Desde que el expresidente Felipe Calderón inició la llamada «guerra contra el narcotráfico» en 2006, el papel de los militares en la seguridad pública ha aumentado significativamente, y la estrategia del actual gobierno ha profundizado esa tendencia.
El debate sobre la reforma de la Guardia Nacional también se enmarca en un contexto de violencia alarmante en México, con más de 450,000 asesinatos y alrededor de 100,000 personas desaparecidas en los últimos años, según datos oficiales. Esta reforma, junto con otras propuestas polémicas como la elección popular de jueces y magistrados, sigue generando divisiones en la opinión pública y en la comunidad internacional sobre el futuro de la seguridad y la democracia en México.
