San Salvador, 13 de septiembre de 2024 – El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó este viernes que el país ha alcanzado un total de 700 días no consecutivos sin homicidios desde 2019. Este logro ha sido atribuido a los esfuerzos del gobierno bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, pero organizaciones de derechos humanos cuestionan la veracidad de las cifras y la exclusión de ciertos tipos de muertes violentas en los reportes oficiales.
“Contabilizamos 700 días sin homicidios, un logro que refleja el esfuerzo coordinado desde un Estado de Derecho”, publicó Villatoro en la red social X. Asimismo, destacó que este avance es resultado del “sacrificio de nuestros héroes” que han entregado sus vidas en el cumplimiento de su deber.
Sin embargo, organizaciones como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) han puesto en duda la precisión de estos datos. El OUDH sostiene que las estadísticas oficiales del gobierno no incluyen osamentas humanas encontradas ni las muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Además, el Gobierno ha dejado de contabilizar las muertes de delincuentes a manos de ciudadanos, algo que en administraciones anteriores sí era considerado homicidio.
El gobierno de Bukele atribuye la reducción en la tasa de homicidios a las medidas de seguridad implementadas bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Durante este periodo, más de 81,900 personas han sido detenidas, y se reportan más de 300 muertos en cárceles.
Antes de que Bukele asumiera la presidencia en junio de 2019, El Salvador había registrado tres años consecutivos de reducción en los homicidios. En 2015, el país vivió su año más violento, con una tasa de aproximadamente 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para 2018, esta cifra había caído a 50,3, y tras la llegada de Bukele, se redujo a 36 en 2019.
Desde entonces, la tasa de homicidios ha seguido descendiendo: 21,2 en 2020, 18,1 en 2021, y una caída drástica a 7,8 en 2022. En 2023, la cifra bajó aún más, hasta 2,4.
A pesar de estos datos, las cifras oficiales sobre la violencia en el país son divulgadas de forma limitada y controlada, lo que ha generado controversia sobre la transparencia del gobierno en este ámbito.
