Madrid, 11 sep.- El Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo contra la Ley de Amnistía. Esta decisión se tomó el mismo día en que venció el plazo para recurrir la norma, lo que abre un proceso de revisión que podría extenderse durante meses.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado analizar la norma en respuesta a la solicitud de la Sala de lo Penal del Supremo, que cuestionó su constitucionalidad, especialmente en lo referente al delito de desórdenes públicos. El magistrado Ricardo Enríquez, de tendencia conservadora, es el encargado de la ponencia sobre este caso.
Los argumentos del Tribunal Supremo
A finales de julio, la Sala de lo Penal del Supremo elevó la cuestión al Tribunal Constitucional al considerar que la Ley de Amnistía podría vulnerar varios derechos constitucionales, como el principio de igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. Esta preocupación surgió durante el análisis de dos recursos relacionados con condenas por desórdenes públicos y atentados, vinculados a las protestas ocurridas en Girona y Barcelona tras la sentencia del “procés” en 2019.
La admisión a trámite del recurso implica la suspensión automática del procedimiento por parte del Constitucional hasta que se resuelva el fondo del asunto. Sin embargo, fuentes jurídicas advierten que la resolución podría demorarse hasta un año, aunque el plazo más optimista sería de entre seis y ocho meses.
Prioridad al recurso del Supremo
El recurso del Tribunal Supremo será tratado con prioridad por ser el primero en ser presentado y provenir del máximo órgano judicial del país. Su resolución marcará el camino para los demás recursos de inconstitucionalidad presentados por diversas entidades, incluyendo el Partido Popular y gobiernos regionales.
El próximo 24 de septiembre se revisará el recurso del Partido Popular, cuyo ponente es José María Macías. Posteriormente, se estudiarán los recursos presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, así como los de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.
La abstención del exministro Juan Carlos Campo
El Tribunal Constitucional también ha aceptado la abstención del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien solicitó apartarse del caso al haber firmado, durante su mandato, los indultos a los líderes independentistas. Su decisión de abstenerse mantiene una correlación de fuerzas de 6 a 5 a favor del bloque progresista dentro del tribunal. Sin embargo, aún queda por decidir si el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díez, también serán apartados, como ha solicitado el Partido Popular.
