El Tribunal Constitucional Suspende Artículos de las Leyes Trans y LGTBI de Madrid

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Madrid, 19 julio.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del Gobierno contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, suspendiendo varios de sus artículos, entre ellos el que requiere a los menores trans la presentación de informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.

El Ejecutivo central llevó estas normativas autonómicas ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentando que infringen la Constitución, vulneran derechos fundamentales, “patologizan” a los menores y sobrepasan competencias estatales. La suspensión afecta a artículos que establecen requisitos para iniciar tratamientos de transición, incluyendo asesoramiento psicológico y evaluaciones psiquiátricas, considerados como excepciones a la prohibición de las terapias de conversión.

Además, el TC revisará el inciso que exige apoyo de profesionales de salud mental para menores que inicien tratamientos farmacológicos, y evaluará si esto implica una “patologización” que contradice la ley trans nacional. El Gobierno también cuestiona la legalidad de una disposición que limita el uso de espacios y equipamientos por personas trans, alegando que puede comprometer los derechos de otras mujeres.

El recurso del Gobierno también pone en tela de juicio la competencia de las leyes madrileñas para excluir a organizaciones LGTBI de ciertos procedimientos legales, incluso cuando representan a víctimas con permiso explícito.

Defensa de las Leyes por Parte de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la constitucionalidad de las reformas, argumentando que se han realizado con respeto a la Constitución y priorizando el interés de los menores. Según Ayuso, las leyes modificadas en diciembre de 2023 en la Asamblea de Madrid buscan asegurar que las decisiones sobre tratamientos de transición se tomen con la asistencia de profesionales cualificados.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, también se ha manifestado sobre la suspensión, afirmando que la ley es constitucional y responde a criterios de sociedades médicas y profesionales. Dávila ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con la protección de los menores y la aplicación de criterios profesionales y científicos en lugar de ideológicos.

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