Lima, 2 de julio de 2024.- En un juicio que captura la atención de todo Perú, el fiscal José Domingo Pérez presentó acusaciones severas contra Keiko Fujimori, la excandidata presidencial y líder del partido Fuerza Popular. Durante una audiencia pública, Pérez sostuvo que Fujimori fundó el partido no solo con fines de lucro, sino para asegurar la impunidad de sus miembros frente a cargos criminales, utilizando el partido como una organización criminal para influir y controlar instituciones estatales clave.
La acusación formal, que incluye a otras 45 personas y entidades, argumenta que Fuerza Popular buscó manipular el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura para proteger a sus integrantes de procesos legales justos. “Fuerza Popular no busca solamente lucrar”, indicó Pérez, “sino que busca poder para maximizar sus intereses y lograr la protección de sus integrantes instrumentalizando a las instituciones del Estado.”
Keiko Fujimori, quien enfrenta una solicitud fiscal de 30 años de prisión, es acusada de tener control y conocimiento directo sobre los ingresos ilícitos captados por su partido, los cuales se mezclaban con activos legítimos para ser presentados como aportes de campaña.
El fiscal relató cómo grandes sumas de dinero, procedentes de fuentes tanto nacionales como internacionales, incluyendo la constructora brasileña Odebrecht, fueron canalizadas hacia la campaña de Fujimori. Detalladamente, mencionó cómo Dionisio Romero, expresidente del Banco de Crédito del Perú, alega haber entregado personalmente 3.6 millones de dólares en efectivo a Fujimori.
Además, se discutió el papel del mayor gremio empresarial del país, Confiep, en la recaudación de dos millones de dólares bajo el pretexto de una campaña de promoción de la inversión privada, dinero que supuestamente terminó financiando la campaña de Fujimori en 2011.
Esta serie de aportes ilegales, que según el coordinador de Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Rafael Vela, sumarían alrededor de 17 millones de dólares, resaltan la profundidad y la complejidad de las operaciones financieras detrás de las campañas de Fujimori en 2011 y 2016.
El juicio contra Fujimori y sus asociados es visto como un momento crucial para la justicia peruana y su capacidad para manejar casos de corrupción de alto perfil que implican a figuras políticas prominentes y sus relaciones con poderosos intereses empresariales.
