Nueva York, 2 de julio de 2024.- Los abogados del expresidente Donald Trump, quien gobernó de 2017 a 2021, han solicitado a un juez de Nueva York que anule su reciente condena penal y posponga su próxima sentencia. Esta petición se apoya en una decisión reciente del Tribunal Supremo que otorga una amplia inmunidad judicial a los expresidentes, según reportó The New York Times.
La defensa de Trump se dirigió al juez Juan M. Merchan, pidiéndole que retrase la sentencia, inicialmente programada para el 11 de julio, mientras se determina si el fallo del Tribunal Supremo afecta directamente la validez de la condena de Trump. Este desarrollo sigue a la determinación del Tribunal Supremo, que extendió significativamente las protecciones de inmunidad para los expresidentes, particularmente en casos que se relacionan con acciones realizadas durante su mandato.
Este dictamen surge de un caso en el que se investigaban los esfuerzos de Trump por revertir el resultado de las elecciones de 2020, un esfuerzo que culminó en el violento asalto al Capitolio. La decisión del Tribunal Supremo también ha provocado que el caso sea devuelto a los tribunales inferiores, lo que podría retrasar cualquier procedimiento judicial hasta después de las próximas elecciones.
El presidente Joe Biden ha expresado su preocupación respecto a este fallo, describiéndolo desde la Casa Blanca como un “peligroso precedente” que podría poner en riesgo la integridad del sistema judicial del país.
En cuanto al caso de Trump, el expresidente fue encontrado culpable el pasado 30 de mayo de 34 cargos por falsificación de documentos destinados a ocultar una relación adúltera, con el objetivo de no comprometer su campaña presidencial de 2016. Aunque estos actos se realizaron mientras Trump era candidato y no como presidente, sus abogados argumentan que el caso se ha construido en parte con pruebas recabadas durante su mandato, lo cual debería considerarse protegido bajo la nueva interpretación de inmunidad.
Además, durante el juicio, la defensa de Trump insistió en que ciertas evidencias obtenidas durante su presidencia deberían haber sido excluidas, apelando a la inmunidad presidencial.
Este caso continúa desarrollándose y es probable que genere más debates y procedimientos legales a medida que los tribunales interpretan y aplican el reciente fallo del Tribunal Supremo.
