Madrid, 27 Junio.- La formación política Vox se encuentra en un estado de alerta y contempla la posibilidad de romper sus gobiernos de coalición con el Partido Popular (PP) en varias comunidades autónomas de España. Esta decisión se debe a la posible aceptación por parte del PP de una reforma legal para el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades autónomas, impulsada por el Gobierno central y el Gobierno de Canarias.
Vox ha establecido que esta política migratoria es una “línea roja” para el partido, y cualquier apoyo del PP a la reforma de la Ley de Extranjería podría provocar una revisión de sus acuerdos de coalición. Este asunto ha sido calificado de “cuestión crítica” por Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.
La tensión entre Vox y el PP ha sido evidente en Castilla y León, donde el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo del PP, ha mostrado disposición a acoger a menores extranjeros no acompañados. Esta postura contrasta con la de Vox, que espera que el PP mantenga una línea coherente con los acuerdos previos sobre políticas migratorias en otras comunidades donde gobiernan juntos, como la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, y la Región de Murcia.
Además, Vox está pendiente de las implicaciones del reciente pacto entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aunque esta cuestión es distinta de la migratoria, muestra la complejidad de las relaciones políticas actuales, donde Vox exige coherencia en las políticas que afectan a las autonomías.
El acuerdo sobre menores migrantes entre el Gobierno central y el de Canarias incluye una propuesta para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta reforma establecería un sistema de derivación de menores a otras comunidades cuando los recursos de una comunidad superen el 150% de su capacidad, basado en criterios como el PIB o la población, establecidos en una Conferencia Sectorial en 2022.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha iniciado una ronda de reuniones con grupos parlamentarios para buscar apoyos para este cambio legislativo, que será presentado también en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Canarias.
La situación política se complica aún más con la posición de partidos como Junts, que ya han expresado reticencias y exigen que Cataluña quede excluida del reparto de menores. La reforma de la Ley de Extranjería necesita ser aprobada en el Congreso de los Diputados, lo que plantea un desafío significativo para el consenso y la estabilidad de los acuerdos políticos en España.
