Lima, Perú, 18 de junio de 2024. – El Gobierno de Perú se encuentra en el centro de una intensa polémica tras las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, quienes describieron los abusos sexuales en una comunidad amazónica como “prácticas culturales”. Estos comentarios han desatado una ola de indignación en todo el país, en particular entre los miembros de la etnia awajún y organizaciones de derechos humanos.
Declaraciones que Encienden la Controversia
La controversia comenzó cuando el diario La República reveló cientos de denuncias de acoso y abuso sexual por parte de docentes hacia estudiantes en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, entre 2010 y 2024. El informe también destacó casos de contagio de VIH de los agresores a los menores. Al ser cuestionado, el ministro Quero sugirió que estas acciones eran parte de “prácticas culturales” para formar familias, aunque aseguró que el gobierno trabajaría en soluciones y no toleraría las violaciones.
Reacciones de Repudio y Demanda de Renuncias
Las palabras de Quero fueron rápidamente condenadas por Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, quien en una entrevista con canal N negó rotundamente que la violación sea una práctica cultural awajún y defendió los derechos humanos de las niñas y niños. La indignación se extendió a las redes sociales y otros medios, con múltiples llamados a la renuncia de los ministros implicados.
Respuesta Oficial y Aclaraciones
En respuesta a la creciente presión, Quero emitió un comunicado aclarando que sus palabras habían sido malinterpretadas y reiterando que no hay justificación para los abusos. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, enfatizó en una rueda de prensa que el abuso sexual es inaceptable bajo cualquier circunstancia y anunció investigaciones para determinar responsabilidades y brindar atención a las víctimas.
Voces de la Comunidad y Datos Alarmantes
La situación ha puesto de relieve no solo el caso en Condorcanqui, sino también abusos similares en otras comunidades como los wampis, quienes informaron que entre 2010 y 2024, se denunciaron a 175 docentes por delitos sexuales, pero solo 121 fueron separados de sus cargos. Además, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en Perú, diariamente al menos 11 niñas quedan embarazadas, cuatro de las cuales se convierten en madres, resaltando la gravedad del problema de violencia sexual contra menores.
Llamado a la Acción
Organizaciones como la Asamblea Verde y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) han exigido no solo las renuncias de los ministros, sino también una reparación y atención integral para las víctimas. Estas organizaciones han enfatizado que la violencia sexual es un delito grave y nunca debe ser justificado bajo ningún argumento cultural o de otra índole.
Esta crisis destaca los desafíos que enfrenta el gobierno peruano en términos de protección de los derechos de las minorías indígenas y la lucha contra la violencia sexual en contextos vulnerables.
