São Paulo, 16 de junio de 2026.- El exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro fue condenado este martes por el Tribunal Supremo Federal de Brasil a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción a la justicia, tras determinar que realizó gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para promover sanciones contra autoridades judiciales brasileñas involucradas en los procesos contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
La sentencia, aprobada por unanimidad por los cuatro magistrados de la Primera Sala del Supremo, establece que la pena deberá cumplirse inicialmente en régimen semiabierto. Además, el tribunal impuso al exlegislador una multa equivalente a 100 salarios mínimos, unos 162.100 reales (aproximadamente 31.700 dólares).
La decisión judicial también implica la inhabilitación política automática de Eduardo Bolsonaro durante ocho años, lo que le impedirá presentarse a cargos públicos durante ese período.
El Supremo considera probadas las presiones contra la justicia brasileña
Durante la sesión, el magistrado Alexandre de Moraes sostuvo que el propio Eduardo Bolsonaro reconoció públicamente haberse trasladado a Estados Unidos en 2025 con el objetivo de impulsar sanciones contra jueces brasileños que investigaban y juzgaban a su padre por la presunta tentativa de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022.
Para fundamentar su voto, De Moraes presentó diversas entrevistas y declaraciones públicas en las que el exdiputado detallaba sus contactos y gestiones ante autoridades estadounidenses para promover medidas contra magistrados del Supremo y otras instituciones brasileñas.
Según el juez, las amenazas terminaron materializándose en sanciones internacionales dirigidas contra miembros de la justicia brasileña y en medidas económicas adoptadas por Washington contra Brasil.
Defensa argumentó que se trató de actividad política legítima
El abogado de oficio designado para representar a Eduardo Bolsonaro, Esdras dos Santos Carvalho, defendió que su cliente únicamente ejerció actividades de interlocución política con representantes del Gobierno estadounidense.
La defensa alegó que el exdiputado no tenía capacidad de decisión sobre la política exterior de Estados Unidos y que no existieron amenazas directas ni actos de violencia que justificaran una condena por coacción.
Sin embargo, los magistrados rechazaron estos argumentos al considerar que las acciones del acusado buscaron interferir en el funcionamiento de las instituciones judiciales brasileñas mediante presiones externas.
Contexto: el proceso contra Jair Bolsonaro
La condena se produce en medio de la compleja situación judicial que enfrenta Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado en septiembre de 2025 a 27 años de prisión por su participación en una presunta conspiración destinada a revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde febrero de 2025, Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos, donde fortaleció sus vínculos con sectores cercanos al presidente estadounidense Donald Trump.
La relación entre Washington y Brasil se tensó después de que la administración estadounidense impusiera sanciones a magistrados brasileños involucrados en los procesos contra Jair Bolsonaro y justificara medidas arancelarias señalando supuestas irregularidades en el juicio al exmandatario.
Eduardo Bolsonaro permanece en Estados Unidos
El exdiputado no asistió al juicio celebrado en Brasil y permaneció en territorio estadounidense durante todo el proceso. Debido a su ausencia, fue representado por un abogado designado por la justicia brasileña.
Las autoridades brasileñas no han informado todavía si solicitarán medidas internacionales para ejecutar la condena o iniciar procedimientos relacionados con una eventual extradición.
