Madrid, 21 de mayo.- El comisionista Víctor de Aldama ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno nuevas acusaciones que amplían el alcance del conocido como caso Koldo, al señalar que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría utilizado teléfonos desechables, en una dinámica similar a la atribuida a otros investigados en la trama.
Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Aldama ha explicado que miembros del entorno del exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el hijo de este último habrían utilizado terminales móviles de usar y tirar facilitados por el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, también investigado en la causa. En ese contexto, ha afirmado que este tipo de dispositivos también habrían sido utilizados por Zapatero.
El comisionista ha relacionado estas comunicaciones con el uso de expresiones en clave como “vamos a tomar café”, una fórmula que, según las investigaciones policiales, habría servido para aludir al uso de teléfonos alternativos o desechables en conversaciones sensibles dentro del entramado investigado.
Las declaraciones de Aldama se producen en el marco de su comparecencia como investigado por la presunta adjudicación irregular de contratos de material sanitario durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, en distintas administraciones autonómicas, entre ellas Baleares y Canarias.
En su testimonio, el comisionista ha negado haber solicitado comisiones a la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y ha asegurado que no tuvo contacto directo con ella, señalando que las gestiones se realizaban a través de Koldo García y, en algunos casos, del exministro José Luis Ábalos.
Respecto a la investigación en Canarias, Aldama ya había declarado anteriormente que el entonces presidente autonómico y actual ministro Ángel Víctor Torres habría mostrado interés en determinadas decisiones vinculadas a la gestión de contratos durante la pandemia, extremo que el propio dirigente ha negado en distintas ocasiones.
La causa, instruida por la Audiencia Nacional, también ha incluido referencias a encuentros y conversaciones entre distintos actores políticos y empresariales, entre ellos una reunión en Madrid en julio de 2020 en la que habrían participado varios de los investigados, según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En este contexto, el abogado de Aldama llegó a insinuar en fase previa del procedimiento que nuevas revelaciones afectarían a figuras políticas de alto nivel, lo que ha contribuido a elevar la tensión política en torno a la investigación.
Por el momento, ninguna de las personas mencionadas en la declaración ha sido condenada en relación con estos hechos, mientras la investigación judicial continúa abierta y centrada en el análisis de contratos sanitarios adjudicados durante la emergencia del covid-19.
