Bogotá, 12 mayo.- Las consecuencias humanitarias del conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 su nivel más grave en los últimos diez años, debido a la intensificación de los enfrentamientos y el impacto creciente sobre la población civil, advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su informe anual presentado este martes.
El organismo señaló que la situación no responde a hechos aislados, sino a un deterioro progresivo que se ha venido agravando desde 2018. “Los conflictos armados persistieron, se volvieron más complejos y sus efectos sobre la población civil se profundizaron”, afirmó Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá.
A pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC, el país continúa enfrentando violencia armada en varias regiones. Grupos disidentes, junto con otras organizaciones criminales, han ocupado territorios estratégicos y se disputan el control de economías ilegales, lo que ha mantenido altos niveles de inseguridad en zonas rurales.
El informe destaca un fuerte aumento del desplazamiento forzado, que creció un 100 % respecto al año anterior, afectando a más de 235.000 personas. También se registró un incremento del confinamiento, una práctica en la que comunidades enteras quedan atrapadas por amenazas armadas, con cerca de 176.000 personas afectadas en 2025.
El CICR reportó además 965 víctimas por artefactos explosivos, incluidos 75 civiles afectados por minas antipersonales. El organismo alertó que estos explosivos han sido hallados incluso en caminos escolares, zonas agrícolas y áreas residenciales, generando un alto riesgo para comunidades rurales.
Uno de los elementos más preocupantes del informe es la transformación de las dinámicas del conflicto, incluyendo el uso de drones adaptados para el lanzamiento de explosivos, una práctica que ha incrementado el temor entre la población civil y ha causado víctimas mortales en varias regiones del país.
“El uso de drones de origen comercial modificados para el lanzamiento de artefactos explosivos se ha intensificado”, advirtió el CICR, señalando que estos ataques han provocado daños significativos tanto en objetivos militares como en comunidades civiles.
El informe también documenta la desaparición de 308 personas durante 2025, de las cuales la mayoría son civiles, incluidos menores de edad, lo que agrava aún más el panorama humanitario.
Ante este escenario, el CICR hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y protejan a la población civil, en medio de lo que describe como una de las peores crisis humanitarias recientes en el país sudamericano.
