Madrid, 12 mayo.- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado archivar la investigación que afecta al exasesor ministerial Koldo García por la adjudicación de contratos de material sanitario en Baleares y Canarias durante la pandemia.
El magistrado ha decidido además mantener la citación de García para declarar este jueves, desestimando los argumentos de su defensa, que alegaba una supuesta “doble persecución” judicial por hechos que, según su criterio, ya habrían sido juzgados en otra instancia.
En su resolución, el juez sostiene que no existe identidad entre los hechos analizados por el Tribunal Supremo y los que ahora instruye la Audiencia Nacional, subrayando que los contratos investigados en Baleares y Canarias no fueron incluidos en el procedimiento principal.
García se encuentra actualmente en prisión provisional tras ser juzgado en el Tribunal Supremo junto al exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama por el presunto amaño de contratos de mascarillas a cambio de comisiones durante la pandemia.
El juez Moreno recuerda además que ya había rechazado anteriormente la petición de nulidad del procedimiento presentada por la defensa, una decisión que no fue recurrida, y respalda su competencia para seguir investigando estos nuevos contratos tras una decisión previa del Tribunal Supremo.
La causa forma parte de una pieza separada del conocido caso Koldo, en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha analizado adjudicaciones de material sanitario en distintas administraciones autonómicas.
Paralelamente, la defensa de García ha denunciado un trato desigual respecto a otros acusados en la misma trama, al señalar que el empresario Víctor de Aldama permanece en libertad provisional, mientras él continúa en prisión preventiva.
La abogada del exasesor sostiene que no existen cambios en las circunstancias que justifiquen su encarcelamiento y pide su excarcelación o, en su defecto, la imposición de medidas cautelares menos restrictivas.
El caso sigue en fase de instrucción y las declaraciones previstas podrían ser clave para determinar la evolución de una de las investigaciones de corrupción más relevantes vinculadas a la gestión de contratos sanitarios durante la emergencia del covid-19.
