Montreal, 3 de mayo de 2026.- El endurecimiento de las políticas migratorias en Canadá está provocando un aumento de deportaciones de solicitantes de asilo y la separación de familias, una realidad que queda reflejada en el caso de Miguel, un joven de 22 años que enfrenta su expulsión del país pese a ser el principal sustento de su pareja y su hijo de siete meses.
Miguel, aprendiz de carpintero en Montreal, podría ser deportado en los próximos días, lo que dejaría en una situación crítica a su familia. Su pareja, Andrea, también solicitante de asilo, depende completamente de él mientras cuida a su bebé, quien requiere atención médica constante por problemas cardíacos.
El caso ha encendido las alarmas entre abogados y organizaciones como Welcome Collective, que denuncian un patrón creciente de separación familiar por deportaciones en medio de una política migratoria más restrictiva.
La familia intenta frenar la expulsión a través de una evaluación de riesgo previa a la deportación, un mecanismo legal que permite demostrar el peligro que enfrentarían en su país de origen. Sin embargo, la fecha de expulsión de Miguel está programada antes de que pueda acceder a este recurso, lo que limita sus opciones legales.
Según defensores de derechos migratorios, este tipo de situaciones se ha vuelto más frecuente desde que el gobierno canadiense estableció objetivos más agresivos de deportación, con metas que superan las 20.000 expulsiones anuales. En 2025, las deportaciones ya superaron las 23.000, marcando un incremento significativo respecto a años anteriores.
La aprobación de nuevas leyes, como la Ley de Fronteras Fuertes y la controvertida Ley C-12, ha endurecido aún más el sistema, dejando a miles de solicitantes de asilo en un limbo migratorio tras la anulación de decenas de miles de solicitudes.
Expertos en inmigración advierten que las autoridades, incluyendo la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, están aplicando las normas con mayor rapidez y rigidez, en ocasiones sin considerar factores clave como el interés superior del menor o el impacto humano de separar a familias.
El impacto es particularmente visible en Quebec, donde las deportaciones han alcanzado cifras desproporcionadas en comparación con otras provincias, concentrando casi la mitad de los casos a nivel nacional.
Miguel asegura que ha construido una vida en Canadá durante los últimos tres años, trabajando, pagando impuestos y formando una familia. Sin embargo, enfrenta ahora la posibilidad de regresar a México, donde teme por su seguridad. “Lo más duro no es irme, es dejar a mi familia”, afirmó.
Para su abogada, el caso refleja una realidad preocupante: decisiones administrativas que, más allá de lo legal, tienen profundas consecuencias humanas. Mientras tanto, organizaciones y juristas continúan presionando al gobierno para que priorice la reunificación familiar y los derechos de los niños en medio de un debate cada vez más intenso sobre la inmigración en Canadá.
