WASHINGTON, 30 Mar.— La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este miércoles argumentos sobre la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, que pretende negar la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en el país de padres que se encuentren de manera ilegal o temporal. La medida ha sido bloqueada por tribunales inferiores, que la consideraron probablemente inconstitucional.
La disputa se centra en la interpretación de la 14.ª Enmienda, que establece que son ciudadanos “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”. La administración Trump sostiene que los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal no cumplen con esta condición de jurisdicción, por lo que no tendrían derecho a la ciudadanía.
Cecillia Wang, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, quien representa a madres y defensores que impugnan la orden, afirmó que se trata de un intento de “reinterpretar radicalmente la definición de ciudadanía estadounidense”. La orden afectaría a más de 250.000 bebés nacidos en el país cada año, incluidos hijos de estudiantes internacionales y residentes permanentes.
La madre de origen argentino que solicitó anonimato relató que, tras el nacimiento de su hijo en Florida, acudió inmediatamente a tramitarle un pasaporte estadounidense como prueba tangible de su ciudadanía. Aseguró que, aunque la orden generó temor durante el embarazo, su visión del país y su decisión de permanecer en él no han cambiado: “Me dio lo más hermoso que tengo hoy, que es mi familia”.
El caso representa otra prueba para un tribunal que ha permitido continuar algunas políticas antiinmigración de Trump a pesar de las restricciones de cortes inferiores. El procurador general D. John Sauer argumenta que el tribunal debería aprovechar la ocasión para clarificar “malentendidos de larga data sobre el significado de la Constitución”, comparando el impacto de la decisión con precedentes históricos como Brown v. Board of Education y Heller v. D.C.
Analistas legales coinciden en que la resolución del máximo tribunal podría tener consecuencias profundas sobre la política migratoria de Estados Unidos y la interpretación de la ciudadanía por nacimiento en el país.
