SAN SALVADOR, 12 Marzo — Un juzgado de El Salvador ordenó el miércoles que 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Tony Saca pasen a ser propiedad del Estado, en un proceso que marca un hito en la lucha contra la corrupción en el país. Los bienes recuperados están valorados en 9,6 millones de dólares, según informó el Ministerio Público.
El expresidente Saca, quien gobernó el país de 2004 a 2009 por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue condenado en septiembre de 2018 a 10 años de prisión por peculado y lavado de dinero, tras desviar más de 300 millones de dólares de fondos públicos para beneficiar a sus empresas y terceros. Saca cumplía su sentencia en el penal La Esperanza, después de aceptar un proceso abreviado y confesar sus delitos.
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades utilizadas por Saca para lavar dinero. Según las investigaciones, se determinaron siete sociedades fachada empleadas entre 2004 y 2009 para adquirir propiedades en zonas exclusivas de San Salvador y en los departamentos de La Libertad, La Paz y San Vicente.
La ex primera dama, Ana Ligia de Saca, acusada de lavado de dinero y activos por más de 17,6 millones de dólares, deberá comparecer ante un tribunal en junio para un juicio abreviado, donde aceptará los cargos a cambio de una reducción de la pena.
El caso también involucra a Óscar Edgardo Mixco Sol, hermano de la ex primera dama, y a José Antonio Lemus Zaldívar, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya y Gerardo Antonio Funes Durán, acusados de lavado de dinero y activos, así como a Milton Romeo Avilés Cruz, acusado de encubrimiento.
Cabe recordar que Ana Ligia de Saca había sido condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, pero la Cámara Primera de lo Penal anuló la sentencia en octubre de 2022 y ordenó repetir el juicio, dejando pendiente la resolución definitiva de su caso.
Este fallo fortalece la recuperación de recursos públicos desviados durante el mandato de Saca y refuerza los mecanismos judiciales de lucha contra la corrupción en El Salvador.
