Washington, 14 de enero.- El Congreso de Estados Unidos publicó un informe que detalla los estrechos vínculos militares, financieros y económicos entre la dictadura de Venezuela y el régimen comunista de China, una relación que, según el dossier, se ha consolidado durante más de dos décadas y tiene implicaciones directas para la seguridad regional y los intereses estratégicos de Washington.
El documento fue elaborado por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad del Congreso, un órgano bipartidista integrado por doce miembros del Senado y la Cámara de Representantes. En su introducción, el informe subraya que Venezuela es uno de los aliados más cercanos de China en América Latina y recuerda que la relación bilateral se aceleró tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.
En 2023, ambos países elevaron formalmente su vínculo a una “asociación estratégica integral a toda prueba”, una de las categorías diplomáticas más altas de Pekín, que implica cooperación a largo plazo en política, comercio, energía, finanzas y defensa.
El dossier destaca que China se convirtió en la principal fuente de financiamiento externo de Venezuela a medida que Estados Unidos ampliaba sus sanciones. Hasta 2015, bancos estatales chinos otorgaron al país sudamericano al menos 60.000 millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo, cifra superior a la concedida a cualquier otra nación de la región. Actualmente, analistas estiman que Venezuela aún debe a China al menos 10.000 millones de dólares.
En el plano energético, el informe sostiene que China es el mayor comprador de petróleo venezolano, adquiriendo entre el 50 % y el 89 % de sus exportaciones, aunque ese crudo representa solo alrededor del 4 % de las importaciones marítimas chinas. Gran parte de esos envíos, además, se registra indirectamente a través de terceros países para eludir sanciones.
El Congreso también advierte que Venezuela es el mayor comprador de armamento chino en América Latina, con adquisiciones que incluyen tanques ligeros, misiles, lanzacohetes y vehículos blindados utilizados para la represión interna. A esto se suma la cooperación aeroespacial y la construcción por parte de China de dos estaciones de seguimiento satelital en territorio venezolano, cuyo acceso podría beneficiar al Ejército Popular de Liberación en un escenario de conflicto.
El informe pone en duda la eficacia real de ese apoyo militar. Durante la operación estadounidense del 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, los sistemas de radar de origen chino en Venezuela no habrían detectado de forma efectiva las aeronaves estadounidenses. El documento señala que la falla pudo deberse a interferencia electrónica, falta de mantenimiento o limitaciones estructurales del sistema de defensa aérea venezolano.
Esta debilidad se suma, según el análisis, a la ineficacia de los sistemas antiaéreos suministrados por Rusia, lo que dejó en evidencia que el respaldo militar de Pekín y Moscú fue insuficiente para impedir la operación ordenada desde la Casa Blanca.
En el ámbito tecnológico y de control interno, el Congreso subraya la presencia de Huawei y ZTE en las telecomunicaciones venezolanas. ZTE, en particular, desarrolló el sistema del “Carnet de la Patria”, utilizado por el régimen para el control social, mientras que una empresa estatal china proporcionó a Caracas una versión comercial del “Gran Cortafuegos” chino.
El informe concluye que, aunque la asociación entre Venezuela y China es profunda y estratégica, no implica garantías formales de seguridad, y revela más bien una relación asimétrica en la que Caracas depende crecientemente del apoyo financiero, energético y tecnológico de Pekín, incluso a costa de su soberanía económica y política.
