Boston, 9 de enero — Una jueza federal de Estados Unidos anunció este viernes que prevé bloquear temporalmente los planes del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a un programa migratorio que otorgaba protecciones legales temporales a más de 10.000 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, una decisión que podría frenar, al menos de manera provisional, la revocación masiva de estatus migratorios prevista para los próximos días.
La jueza del Distrito Federal, Indira Talwani, señaló durante una audiencia que planea emitir una orden de restricción temporal, aunque no precisó la fecha exacta en la que se formalizará la decisión. El caso se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump para desmantelar distintos programas de protección migratoria creados en años anteriores, y llega apenas una semana después de que otro tribunal permitiera a cientos de ciudadanos de Sudán del Sur continuar viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos.
El litigio gira en torno al programa conocido como Permisos de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés), que beneficia a personas procedentes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Estas protecciones, implementadas durante la administración anterior, permiten a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en el país mientras avanzan en procesos migratorios más permanentes. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló el programa a finales del año pasado, lo que provocaría que la mayoría de los beneficiarios pierdan su estatus legal a partir del 14 de enero.
Durante la audiencia, Justin Cox, abogado del Justice Action Center y representante de los demandantes, criticó duramente la actuación del gobierno federal. “El gobierno, habiendo invitado a las personas a presentar su solicitud, ahora está tendiendo trampas entre esas personas y la obtención de la tarjeta verde. Eso es increíblemente inequitativo”, afirmó ante el tribunal, subrayando que muchos beneficiarios actuaron de buena fe y cumplieron con todos los requisitos exigidos por las autoridades.
Aunque la demanda fue presentada inicialmente por cinco personas, los abogados solicitaron que cualquier fallo judicial tenga alcance colectivo, de modo que proteja a todos los participantes del programa FRP. En su moción, los demandantes argumentaron que, pese a tratarse de un estatus temporal, los beneficiarios no llegaron a Estados Unidos con la intención de permanecer solo por un corto período. “Vinieron para comenzar nuevas vidas en el país, generalmente junto a sus familiares inmediatos”, señalaron, destacando que muchos ya cuentan con autorizaciones de empleo, trabajos estables y han inscrito a sus hijos en escuelas estadounidenses.
Por su parte, el gobierno defendió la legalidad de la cancelación del programa. En documentos judiciales y durante la audiencia, los abogados del Ejecutivo sostuvieron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, posee plena autoridad para terminar programas de permisos de entrada en cualquier momento. También afirmaron que el aviso publicado en el Registro Federal constituye una notificación suficiente y que la medida responde a razones de seguridad nacional, al considerar que los beneficiarios no fueron investigados de manera adecuada. Además, el gobierno argumentó que los recursos destinados al FRP podrían emplearse de forma más eficiente en otros programas migratorios.
“El permiso puede ser cancelado en cualquier momento. Eso es exactamente lo que se está haciendo. No hay nada ilegal en ello”, sostuvo Katie Rose Talley, abogada del gobierno, ante la corte.
La jueza Talwani reconoció que el Ejecutivo tiene la facultad de poner fin al programa, pero cuestionó la forma en que se llevó a cabo la terminación. En particular, expresó dudas sobre si una simple publicación en el Registro Federal constituye un aviso suficiente para personas que podrían enfrentar consecuencias migratorias graves. La magistrada exigió al gobierno que demostrara cómo notificó directamente a los beneficiarios, ya sea mediante cartas o correos electrónicos, informándoles de manera clara y personalizada sobre el fin de las protecciones.
“Entiendo por qué los demandantes sienten que vinieron aquí, hicieron todos estos planes y pensaban estar aquí por mucho tiempo”, afirmó Talwani. “Tengo ante mí a personas que están tratando de cumplir la ley, y Estados Unidos también tiene la obligación de hacerlo correctamente”.
En los últimos meses, tribunales federales de menor instancia han respaldado en gran medida la continuidad de diversas protecciones migratorias temporales. No obstante, en mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para que el gobierno de Trump retire, al menos de forma provisional, las protecciones a cientos de miles de inmigrantes, elevando a casi un millón el número total de personas potencialmente expuestas a la deportación.
En una serie de decisiones adoptadas mediante su expediente de emergencia, el máximo tribunal permitió al gobierno revocar el estatus legal temporal de más de 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como de unos 350.000 venezolanos en otro caso separado. La Corte Suprema no ofreció explicaciones detalladas sobre su razonamiento, una práctica habitual en este tipo de resoluciones, aunque dos jueces expresaron públicamente su disenso.
El caso ante la jueza Talwani se perfila ahora como un nuevo punto clave en la batalla judicial sobre la política migratoria de Estados Unidos, con implicaciones directas para miles de familias que enfrentan la incertidumbre sobre su futuro legal en el país.
