Bruselas, 9 de enero — Una amplia mayoría de países de la Unión Europea dio este viernes su aprobación política a la firma del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, un paso decisivo para culminar un pacto histórico que ha requerido 27 años de negociaciones y que permitirá la creación de la mayor zona de libre comercio del planeta, en un contexto internacional marcado por el giro proteccionista de Estados Unidos. El respaldo obtenido abre la puerta a la rúbrica formal del acuerdo en Asunción, Paraguay, por parte de los máximos representantes europeos y sudamericanos.
El visto bueno permitirá que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajen próximamente a la capital paraguaya para firmar el acuerdo junto a los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, según confirmaron fuentes comunitarias, que subrayan que el acto se celebrará “lo antes posible”.
La firma estaba inicialmente prevista para finales de diciembre, pero quedó bloqueada a última hora por el cambio de postura de Italia, que se sumó entonces a Francia y otros países críticos, conformando una minoría de bloqueo que obligó a posponer el calendario y retrasó los planes de Bruselas para cerrar el acuerdo antes del final de 2025. Tras nuevas negociaciones y la introducción de salvaguardas adicionales para proteger a los agricultores europeos, Roma modificó su posición y votó finalmente a favor, alineándose con una veintena de Estados miembros, entre ellos Alemania y España, tradicionales defensores del pacto.
En contraste, Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda mantuvieron su voto en contra, mientras que Bélgica optó por la abstención. No obstante, el bloque favorable reunió al 68,7 % de la población de la UE, superando con holgura el umbral mínimo del 65 % requerido para avanzar, lo que dejó sin efecto la oposición de los países reticentes.
Para allanar el camino y reducir las resistencias internas, los gobiernos europeos acordaron reforzar los mecanismos de protección del sector agrícola, uno de los puntos más sensibles del acuerdo. En concreto, se introducirán cláusulas de salvaguarda que permitirán a la UE reaccionar con rapidez ante posibles distorsiones del mercado provocadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur. Estas medidas podrán activarse cuando los precios de productos importados sean al menos un 5 % inferiores a los europeos comparables o cuando se registre un incremento del 5 % en los volúmenes de importación respecto a la media de los últimos tres años.
En esos supuestos, la Comisión Europea podrá iniciar investigaciones de forma casi automática, lo que abriría la puerta a la suspensión temporal de las ventajas arancelarias concedidas a los países sudamericanos en los sectores considerados sensibles, como la carne, el azúcar o determinados productos agrícolas.
El camino hacia la ratificación definitiva del acuerdo se perfila, sin embargo, como complejo y políticamente delicado. El pacto tiene carácter “mixto” y se estructura en dos partes: un acuerdo comercial y un acuerdo de asociación, que seguirán procedimientos paralelos. Ambos deberán ser aprobados por el Parlamento Europeo, mientras que el acuerdo de asociación necesitará además el aval de todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros.
En la Eurocámara, se anticipa un debate especialmente tenso, con una fuerte división que no seguirá estrictamente las líneas ideológicas tradicionales. La nacionalidad de los eurodiputados será un factor clave, y se espera que, por ejemplo, la gran mayoría de los representantes franceses vote en contra independientemente de su adscripción política. Además, grupos casi íntegros ya han anunciado su rechazo, como la ultraderecha de los Patriotas por Europa, que incluso estudia promover una moción de censura contra Von der Leyen, así como Los Verdes y La Izquierda, que alertan sobre el impacto ambiental y la competencia que consideran desleal.
Fuera de las instituciones, la reacción del sector agrario europeo fue inmediata. Las principales organizaciones de agricultores advirtieron que preparan nuevas movilizaciones y denunciaron que la decisión se ha adoptado “tras meses de maniobras y presiones sin precedentes”, lo que, a su juicio, confirma el carácter profundamente divisivo del acuerdo. Copa-Cogeca sostuvo que, pese a las salvaguardas anunciadas, el pacto “sigue siendo fundamentalmente desequilibrado y defectuoso”, mientras que Vía Campesina acusó a Bruselas de ignorar a los pequeños productores y “dejar de lado la democracia”.
Las organizaciones ecologistas también expresaron su rechazo. Greenpeace criticó que se haya dado luz verde al acuerdo pese a la oposición persistente de varios parlamentos y gobiernos nacionales, y alertó de los riesgos ambientales asociados al incremento del comercio agrícola y ganadero con países del Mercosur.
Pese a las críticas, los líderes europeos celebraron el avance. Von der Leyen defendió que el acuerdo reforzará la posición de la UE como socio comercial y de inversión clave del Mercosur, generando nuevas oportunidades de negocio y estimulando la inversión europea en sectores estratégicos. António Costa, por su parte, afirmó que el pacto es “bueno para Europa” porque ofrece beneficios tangibles a consumidores y empresas, y porque refuerza la soberanía y la autonomía estratégica europea, al permitir que la UE influya activamente en la configuración de la economía global.
