Yakarta, 2 ene.- Indonesia implementó este viernes un nuevo código penal que castiga con penas de prisión el sexo extramarital, la promoción de la apostasía y la difusión de noticias falsas, en medio de críticas de expertos y organizaciones de derechos humanos.

El código, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022, establece que toda persona que mantenga relaciones sexuales fuera del matrimonio puede recibir hasta un año de cárcel, mientras que quienes vivan juntos sin casarse enfrentarán hasta seis meses. Para estos delitos, la Policía solo puede actuar tras denuncia de padres, hijos o cónyuge, lo que excluye a los turistas extranjeros en la nación con más musulmanes del mundo. Bali recibió 7 millones de visitantes internacionales en 2025.

El nuevo marco también castiga con hasta seis años de prisión la difusión de noticias falsas que provoquen disturbios sociales, y con cuatro años la incitación pública al ateísmo o a abandonar la religión, considerando la violencia o coacción como agravantes. Asimismo, el ataque al honor del presidente o vicepresidente puede acarrear hasta tres años de prisión, siempre que los funcionarios afectados presenten denuncia.

El texto legal mantiene sanciones contra la promoción del comunismo y penaliza con hasta 18 meses a quienes afirmen tener poderes sobrenaturales y los utilicen para causar daño. Aunque la crítica de interés público no se considera delito, defensores de la libertad de expresión advierten sobre posibles limitaciones a la prensa independiente.

Reacciones y críticas

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la reforma por su carácter conservador. El experto en Derecho Penal Abdul Fikar Hadjar instó a la sociedad a presentar demandas ante el Tribunal Constitucional si considera que estas normas violan derechos fundamentales.

Indonesia, con tradición secular y pluralista según su ideología Pancasila, enfrenta un aumento de religiosidad y de movimientos islamistas. Frente a las críticas, el Ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, afirmó que el nuevo código amplía penas alternativas como el servicio comunitario y la rehabilitación médica y social, y que las denuncias familiares para delitos sexuales buscan evitar una excesiva intervención estatal en la vida privada.

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