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Juez ordena 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

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Lima, 13 de agosto.- El juez de investigación preparatoria nacional Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en el que se le acusa de recibir presuntas coimas de las empresas Obrainsa e ICCGSA cuando era gobernador regional.

El magistrado sostuvo que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Vizcarra con delitos de cohecho, por los que la Fiscalía solicita 15 años de prisión. Destacó que, además de la prognosis de pena superior a cinco años, el factor determinante para su decisión fue el peligro de fuga.

Según Chávez Tamariz, Vizcarra no cuenta con arraigo laboral ni familiar. El expresidente presentó contratos con la empresa Urbaniza 3D y con el partido Perú Primero para demostrar vínculo laboral, pero ambos fueron cuestionados. Sobre Urbaniza 3D, el juez reveló que la gerenta general es su esposa, y que la empresa está vinculada a sus hijas y a propiedades familiares, lo que consideró un intento de “instrumentalizar” el arraigo laboral.

En cuanto a Perú Primero, el juez indicó que los pagos, funciones e informes presentados no guardan coherencia, lo que refuerza la sospecha de que Vizcarra buscó manipular el sistema judicial para evitar medidas en su contra.

Sobre el arraigo familiar, Chávez Tamariz concluyó que no existe dependencia demostrable, ya que sus hijos son mayores de edad y su menor hijo reside en Moquegua, mientras que el domicilio de Vizcarra está en Lima.

El magistrado también cuestionó la conducta procesal del exmandatario y afirmó que hay alta probabilidad de fuga, dada la severidad de la pena solicitada y su experiencia en altos cargos del Estado.

Finalmente, Chávez Tamariz señaló que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia de Vizcarra en el juicio y razonable por la falta de medidas que aseguren su comparecencia, recordando que el Congreso aprobó la Ley 32130, que elimina ciertas restricciones a esta medida.

Aunque la Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva, el juez determinó que serán cinco meses, tiempo en el que se espera que se dicte sentencia en este proceso.

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