Buenos Aires, 11 de julio – La Justicia argentina procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el marco de una causa por corrupción vinculada a la contratación de seguros durante su mandato. El juez federal Sebastián Casanello lo embargó por 14.634 millones de pesos (unos 11,6 millones de dólares) y extendió el procesamiento a otras 33 personas involucradas en la maniobra.
La acusación central se basa en un decreto presidencial, el 831/2021, que obligó a organismos estatales a contratar pólizas exclusivamente con la firma Nación Seguros, vinculada al Banco Nación, lo que habría beneficiado a Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y esposo de María Cantero, secretaria privada del entonces presidente.
Una red de favoritismos en el poder
Según el fallo del juez Casanello, Martínez Sosa obtuvo comisiones millonarias como intermediario en esos contratos, aprovechando su proximidad al poder político. La Justicia determinó que esta situación se gestó con el aval del propio Fernández, quien firmó el decreto que habilitó la operatoria.
El magistrado también procesó a:
- María Cantero, por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionaria pública.
- Héctor Martínez Sosa, como partícipe necesario de las maniobras.
- Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
Una investigación que se intensifica
El expresidente fue imputado en febrero de 2024 por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, quien apuntó a violaciones a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos.
La denuncia puso el foco en el direccionamiento de contratos hacia Nación Seguros y la participación de intermediarios privados cercanos a la cúpula del Ejecutivo, que cobraron comisiones sin justificación técnica ni licitación pública.
Posibles consecuencias legales
El delito por el cual fue procesado Fernández prevé penas de entre 1 y 6 años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este procesamiento, si queda firme, lo coloca bajo riesgo de un juicio oral en los próximos meses, lo que marcaría un nuevo capítulo judicial para un expresidente argentino, en una tradición de causas por corrupción contra exmandatarios.
Esta causa representa uno de los procesos más graves que enfrenta Alberto Fernández desde que dejó el poder en diciembre de 2023, y se suma al clima de creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política y las instituciones en Argentina.
