Washington, 10 de julio – La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este miércoles mantener por ahora el bloqueo a la controvertida ley SB 4-C de Florida, una de las legislaciones estatales más duras del país contra los inmigrantes, que convierte en crimen estatal la entrada de indocumentados al estado desde otros territorios de EE.UU.
Sin emitir argumentos, los magistrados rechazaron la solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien había pedido al máximo tribunal revocar la orden judicial previa que suspendía temporalmente la aplicación de la norma impulsada por el gobernador Ron DeSantis.
La SB 4-C autoriza a la policía estatal a detener a personas que hayan ingresado a Florida sin inspección migratoria, incluso si ya cuentan con estatus regular o no han cometido ningún delito adicional, e impone la prisión preventiva sin analizar las circunstancias individuales del detenido.
La jueza federal Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, ya había calificado la ley como “probablemente inconstitucional” en abril y concedió una orden judicial preliminar contra su ejecución mientras se resuelve el fondo del caso. El desacato del fiscal a esta orden llevó a nuevas acciones judiciales, que derivaron en el actual pronunciamiento de la Corte Suprema.
Organizaciones de derechos civiles celebraron el fallo como una victoria para la Constitución y el debido proceso. “Este fallo confirma lo que exige la Constitución: que la aplicación de la ley migratoria es un asunto federal y que nadie debe ser privado de su libertad sin el debido proceso”, expresó Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, que representa a los demandantes.
Entre los demandantes figuran la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y personas directamente afectadas por la ley, que argumentan que las políticas migratorias son competencia exclusiva del Gobierno federal y que esta ley estatal viola derechos fundamentales.
Expertos advierten que el intento de Florida de asumir funciones federales puede agravar tensiones sociales. “Florida se arriesga a aumentar la discriminación racial, las violaciones de derechos civiles y las deportaciones injustas al tratar de imponer su propio régimen migratorio”, afirmó Paul R. Chavez, de Americans for Immigrant Justice.
La SB 4-C se ha convertido en un símbolo de la política migratoria dura de los estados gobernados por republicanos, y su posible aprobación definitiva podría alentar réplicas en otras regiones como Texas, Iowa u Oklahoma. Por ello, el fallo final de la Corte Suprema tendrá consecuencias más allá de las fronteras de Florida.
Actualmente, uno de cada cinco residentes de Florida es inmigrante, con cerca de 5 millones de personas nacidas en el extranjero. Sin embargo, el estado ha sido punta de lanza en la aplicación de medidas migratorias asociadas al expresidente Donald Trump, obligando a las autoridades locales a cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y avanzando en leyes que criminalizan la migración irregular a nivel estatal.
El debate continúa, pero por ahora, el sistema judicial estadounidense ha puesto freno a una ley que ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos y comunidades inmigrantes en todo el país.
