Ciudad de México, 8 julio.- Un tribunal estatal de Jalisco condenó este martes a 141 años y tres meses de prisión a cada uno de los diez hombres implicados en el caso del “Rancho Izaguirre”, una finca utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de reclutamiento criminal en el occidente de México. La sentencia incluye además el pago de 1,3 millones de pesos (unos 65.000 dólares) por concepto de reparación del daño.
Los ahora sentenciados fueron hallados culpables de los delitos de desaparición forzada y homicidio en perjuicio de tres personas. Fueron detenidos en septiembre de 2024 durante la primera intervención al rancho ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
El fallo se produce a cuatro meses del escándalo nacional que generó el hallazgo del “Rancho Izaguirre” tras la denuncia del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que descubrió restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir en la finca. Según la organización, las autoridades estatales ignoraron durante meses la gravedad del caso, pese a reportes previos de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco desde 2021.
Aún hay más implicados pendientes de juicio
La Fiscalía de Jalisco confirmó que siguen pendientes de enjuiciamiento cinco personas adicionales, entre ellas tres policías municipales, un presunto reclutador del CJNG y el alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago. Este último fue arrestado días después de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, revelara que el municipio había sido advertido desde 2021 sobre la existencia del centro criminal, sin que se actuara al respecto.
Controversia y omisiones en el caso
El caso del “Rancho Izaguirre” expuso fallas graves en la respuesta de las autoridades locales. Tras la denuncia del colectivo en marzo de 2025, se evidenció que la Fiscalía de Jalisco no avanzó en las investigaciones abiertas desde septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional realizó un primer operativo que resultó en la detención de los diez hombres sentenciados y el hallazgo de un cadáver y dos personas retenidas.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) asumió el caso tras las críticas a las autoridades estatales, los cuestionamientos continuaron. A finales de abril, Gertz Manero negó la existencia de centros de cremación en la finca, lo que fue refutado por el colectivo, que afirmó haber recuperado “17 lotes de restos humanos óseos calcinados”, actualmente bajo custodia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Un reflejo de la crisis de desapariciones en México
El caso del “Rancho Izaguirre” ha sido considerado un emblema de la ineficacia institucional frente a la crisis de desapariciones en México, donde ya se contabilizan más de 130.000 personas desaparecidas. Organizaciones civiles insisten en que la impunidad y la descoordinación entre autoridades locales y federales siguen obstaculizando la justicia para las víctimas.
La sentencia impuesta este martes representa un paso importante, pero insuficiente, según los activistas, quienes reclaman una investigación a fondo sobre los nexos entre el crimen organizado y las estructuras políticas municipales en Jalisco.
