Madrid, 20 junio (Hispanic Post).— Un tribunal de Madrid rechazó este jueves la apelación de Airbnb y mantuvo en vigor una orden del Gobierno español para bloquear cerca de 66.000 anuncios de alquileres vacacionales que, según las autoridades, incumplen las regulaciones locales. La decisión marca un nuevo capítulo en el creciente enfrentamiento entre las plataformas digitales de alquiler y las políticas de control de la vivienda en España.
La resolución judicial se refiere a una medida tomada el mes pasado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ordenó retirar de la plataforma 65.935 anuncios, señalados por incluir datos incorrectos, falsos o incompletos. De ellos, al menos 5.800 debían eliminarse de forma inmediata, al no contar con número de licencia válido ni distinguir si el anunciante era un particular o una empresa.
Airbnb defiende su posición legal
Airbnb respondió con un comunicado en el que sostiene que no es la plataforma, sino los propietarios, quienes tienen la responsabilidad legal de aportar la información reglamentaria según las leyes españolas. La compañía también subrayó que el fallo del tribunal no aborda aún el fondo legal de la disputa, por lo que planea continuar con su defensa mientras el caso avanza.
“La decisión no es definitiva y tomará más tiempo decidir sobre el fondo del asunto”, señaló la empresa.
Asimismo, Airbnb rechazó las acusaciones del Gobierno sobre su papel en la crisis de vivienda, asegurando que el verdadero problema es la falta estructural de oferta habitacional y no los alquileres a corto plazo.
Gobierno endurece control sobre alquileres turísticos
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió la medida afirmando que el turismo no puede anteponerse a los derechos constitucionales de los ciudadanos, en particular el derecho a una vivienda digna.
“El sector turístico no puede poner en peligro los derechos constitucionales del pueblo español”, declaró recientemente.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, añadió que España debe abordar los “efectos secundarios no deseados” del turismo masivo y ha abogado por una regulación más estricta del alquiler vacacional mientras se promueve la construcción de nueva vivienda.
Contexto: auge turístico y crisis habitacional
España se encuentra actualmente en niveles récord de llegada de turistas, especialmente en zonas como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y las Islas Baleares, lo que ha derivado en alzas de precios de alquiler, gentrificación y expulsión de vecinos de zonas históricas.
Varios gobiernos autonómicos y municipales ya han adoptado medidas restrictivas, como zonas de exclusión para nuevos alojamientos turísticos o límites máximos de licencias. En el plano estatal, esta ofensiva marca un giro hacia una regulación más dura en un mercado donde más de 300.000 propiedades están registradas en plataformas como Airbnb, según cifras recientes.
El conflicto entre plataformas de economía digital y el derecho a la vivienda continúa en ascenso en Europa, y España se posiciona como uno de los países más activos en restringir el crecimiento descontrolado de los alquileres turísticos en defensa del acceso habitacional.
