Madrid, 23 de mayo de 2025.- Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado durante una hora y cuarto ante el Tribunal Supremo (TS) en el marco de la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. González Amador ha negado haber dado su consentimiento a su entonces abogado, Carlos Neira, para enviar el correo electrónico del 2 de febrero de 2024, en el que este último reconocía ante la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales atribuidos a su representado.
El novio de Díaz Ayuso se ha desvinculado completamente de la actuación de su exabogado, argumentando que no existen facturas falsas, fraude ni sociedad interpuesta en el caso que motivó la investigación. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, González Amador sostiene que el correo fue redactado y enviado sin su autorización y que, por tanto, no refleja su posición ni su intención.
El Caso y las Filtraciones
El correo enviado por Neira al fiscal Julián Salto contenía una oferta para reconocer los presuntos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía. Este documento habría sido filtrado a la prensa, lo que llevó a González Amador a presentar una querella contra el fiscal general, acusándole de revelación de secretos.
El magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, había rechazado inicialmente citar a González Amador como testigo bajo el argumento de que su testimonio podría ser «perjudicial para el acusado» y que su posición ya estaba clara en la querella presentada. Sin embargo, tanto el fiscal general como la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, recurrieron esta decisión, y la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ordenó finalmente su comparecencia.
En su declaración, González Amador ha insistido en que nunca autorizó a su abogado a realizar dicha comunicación. Según él, el contenido del correo no refleja su postura ni su voluntad, y considera que no hay base legal para los cargos fiscales que se le imputaban.
Próximos Pasos en la Investigación
El juez Hurtado ha programado nuevas comparecencias para avanzar en la causa. El próximo martes, día 27, será citado Carlos Neira, el abogado que envió el polémico correo, mientras que el viernes 30 está previsto que declaren cuatro periodistas relacionados con las presuntas filtraciones. Estas diligencias forman parte de la recta final de una investigación que busca esclarecer los contornos de la difusión de información sensible y determinar si hubo responsabilidad penal por parte del fiscal general.
La Abogacía del Estado, que representa tanto a García Ortiz como a Rodríguez, ha solicitado estas declaraciones en un intento por cerrar las pesquisas y aclarar los hechos. Los magistrados han destacado que tanto el querellante como los querellados deben estar «a disposición de la instrucción» para garantizar una investigación exhaustiva.
Tensión Política y Medios
El caso ha generado una gran expectativa mediática y política debido a la implicación de figuras relevantes, como el fiscal general y la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde el inicio, González Amador ha mantenido que las filtraciones buscaban dañar su reputación y la de Díaz Ayuso, en un contexto de enfrentamiento político entre el gobierno regional y otras instituciones estatales.
Mientras tanto, los trabajadores del aeropuerto de Barajas han denunciado la falta de seguridad en la T4, afirmando que unas 100 personas realizan actividades ilegales en la zona. Han exigido al Ayuntamiento de Madrid la reapertura de la comisaría para hacer frente a este problema.
Un Caso con Implicaciones Legales y Políticas
La declaración de Alberto González Amador marca un punto clave en una investigación compleja que combina aspectos legales, políticos y mediáticos. Las próximas comparecencias, especialmente la del abogado Carlos Neira y los periodistas citados, podrían arrojar luz sobre las circunstancias de las filtraciones y definir el futuro del caso contra el fiscal general.
Mientras tanto, la defensa de González Amador insiste en que su cliente es inocente de los cargos fiscales iniciales y que las acciones de su exabogado no pueden atribuirse a él. La resolución de este caso podría tener importantes repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político, en un momento de fuerte polarización en España.
