La Paz, 24 ago.- La escasez de diésel y las largas filas en las estaciones de servicio continúan en Bolivia una semana después de que el Gobierno aplicara un aumento del 84 % en el precio del combustible para grandes consumidores, mientras crece el malestar social contra el presidente Rodrigo Paz.
El incremento, aplicado a la industria y a los grandes consumidores, buscaba acercar el precio del diésel al costo de importación y reducir la presión sobre las finanzas públicas. Sin embargo, la medida no ha logrado resolver los problemas de abastecimiento.
Las autoridades han reconocido que la escasez de dólares es uno de los principales obstáculos para importar el combustible necesario para cubrir la demanda nacional.
Agricultores protestan con tractores
La crisis ha provocado nuevas movilizaciones, especialmente en el sector agropecuario del oriente del país.
Agricultores desafiaron el estado de excepción vigente y anunciaron nuevas marchas con tractores durante esta semana para exigir el abastecimiento de diésel y la derogación del aumento de precios.
Centenares de productores ya participaron el domingo en protestas con maquinaria agrícola.
“Estamos en plena cosecha de invierno y los perjuicios son enormes, no podemos esperar más las promesas del gobierno”, afirmó Javier Núñez, dirigente del sector.
Por su parte, Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), advirtió que el incremento no ha solucionado la escasez y podría provocar consecuencias sobre la producción y los precios.
El dirigente señaló que el nuevo precio puede incentivar el mercado ilegal de combustibles y el contrabando, además de retrasar las labores de cosecha y aumentar los costos de producción.
La crisis del combustible se suma al escándalo político
La situación económica ocurre en medio de una creciente crisis política para el Gobierno de Paz, agravada por el caso de su exasesor argentino Fernando Cerimedo, quien permanece detenido en Bolivia mientras avanzan investigaciones por un presunto intento de feminicidio.
Cerimedo se encuentra recluido en un penal de la región de Santa Cruz durante seis meses mientras se desarrolla la investigación y además enfrenta otra causa relacionada con un supuesto enriquecimiento ilícito.
El escándalo comenzó después de que la pareja de Cerimedo sobreviviera a un ataque armado y lo acusara de intentar silenciarla, vinculándolo además con presuntos negociados relacionados con el Gobierno.
Paz no ha realizado apariciones públicas desde hace una semana, en momentos en que la controversia alrededor de su exasesor ha aumentado la presión sobre su Administración.
Un Gobierno debilitado por las protestas
El presidente ya había enfrentado una prolongada ola de movilizaciones que se extendió durante 53 días entre mayo y junio y que dejó al Gobierno políticamente debilitado.
El estado de excepción decretado para contener aquellas protestas está previsto que finalice el 17 de septiembre, pero diferentes sectores sociales han comenzado nuevamente a movilizarse y existe preocupación por una posible intensificación de las protestas en los próximos días.
El diplomático y exembajador de Bolivia en Estados Unidos Jaime Aparicio consideró que Cerimedo ejercía una influencia considerable dentro del Gobierno pese a su condición de asesor extranjero.
“Tenía un rol indeterminado, un poder grande y tomaba decisiones que no eran apropiadas para un asesor extranjero”, afirmó.
Aparicio sostuvo que los bolivianos no necesariamente buscan la salida de Paz del poder, sino un cambio de rumbo que permita al Gobierno responder a la crisis económica y política.
“Nadie quiere que se vaya del gobierno”, señaló el exembajador, quien consideró que el mandatario tiene una “última oportunidad” para dar un giro a su gestión y aplicar los cambios que el país necesita.
La persistencia de la escasez de combustible, el impacto del aumento del diésel sobre el sector productivo y el creciente descontento social colocan a Rodrigo Paz ante uno de los momentos más delicados de su Gobierno.
