La Paz, 12 agosto.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley destinado a reforzar la seguridad jurídica, ofrecer mayor previsibilidad a los inversionistas y atraer capital extranjero, en una de las primeras iniciativas de su Gobierno para enfrentar la profunda crisis económica que atraviesa el país.
La propuesta forma parte del paquete de reformas que el nuevo Ejecutivo pretende impulsar para modificar el rumbo económico de Bolivia después de casi dos décadas de gobiernos de izquierda caracterizados por un fuerte papel del Estado en la economía.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la iniciativa busca ordenar un conjunto de normas e incentivos que actualmente se encuentran dispersos y establecer condiciones más claras tanto para inversionistas nacionales como extranjeros.
“El objetivo es generar seguridad y previsibilidad para los inversionistas”, afirmó el ministro al presentar los principales componentes del proyecto.
La inversión privada como motor de la nueva estrategia
La propuesta contempla una estrategia económica con una visión de aproximadamente 20 años y establece tres pilares para orientar las futuras inversiones hacia sectores considerados estratégicos.
Entre las áreas prioritarias figuran la logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas, incluyendo proyectos relacionados con el hidrógeno y la energía solar.
El Gobierno también pretende impulsar sectores productivos en los que Bolivia ya cuenta con capacidades desarrolladas, con la intención de ampliar la participación del capital privado en la economía.
Espinoza sostuvo que el nuevo esquema busca superar el modelo aplicado durante los gobiernos anteriores, que otorgó un papel predominante a la inversión estatal y promovió la nacionalización de sectores como los hidrocarburos, las telecomunicaciones y la electricidad.
Según el ministro, durante casi 20 años se produjeron vulneraciones de los derechos de propiedad y de garantías contempladas en la Constitución sin consecuencias suficientes, situación que, a su juicio, contribuyó a deteriorar la confianza de los inversionistas.
Crearán una Agencia Nacional de Inversiones
Uno de los componentes centrales de la reforma será la creación de una Agencia Nacional de Inversiones, que tendrá la misión de coordinar las políticas de promoción, regulación y atracción de capitales.
La nueva institución trabajará junto con entidades nacionales, alcaldías y gobiernos departamentales con el objetivo de evitar obstáculos burocráticos y establecer una estrategia más coordinada para captar inversiones.
El Gobierno también plantea desarrollar un sistema de incentivos y regulación que ofrezca estabilidad y confianza a los empresarios, bajo el marco de la Constitución boliviana.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, respaldó el enfoque general de la iniciativa y señaló que recuperar la confianza empresarial requiere precisamente garantías de seguridad jurídica y previsibilidad normativa.
Bolivia recibe poca inversión extranjera
Los datos disponibles muestran el desafío que enfrenta el país para atraer capital internacional.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia recibió alrededor de 620 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2025, equivalente a apenas el 0,3 % del total captado por América Latina y el Caribe.
El Gobierno de Paz pretende modificar esa situación mediante reglas más claras y una política orientada a facilitar nuevas inversiones en sectores considerados estratégicos para la recuperación económica.
Un Gobierno obligado a negociar con un Parlamento fragmentado
La aprobación del proyecto dependerá de la capacidad de Paz para construir acuerdos en una Asamblea Legislativa fragmentada.
El escenario político se complicó después de que el mandatario se distanciara de su principal aliado político, el empresario Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad. Aunque varios legisladores de esa fuerza mantienen su apoyo a determinadas iniciativas gubernamentales, también han anunciado que ejercerán una fiscalización estricta sobre las políticas del Ejecutivo.
Doria Medina ha cuestionado además la velocidad con la que el Gobierno ha respondido a la crisis económica.
Combustible y protestas agravaron la crisis
La situación económica boliviana se profundizó después de más de 50 días de bloqueos y protestas antigubernamentales registrados entre mayo y junio.
Uno de los principales problemas sigue siendo el abastecimiento de combustible, especialmente de diésel, indispensable para el transporte y sectores productivos como la agricultura.
El Gobierno sostiene que necesita recuperar rápidamente la confianza de los mercados y atraer recursos para aumentar la producción, generar empleo y aliviar las restricciones financieras que enfrenta el país.
Paz ha conseguido entretanto respaldo internacional y acuerdos de financiamiento con organismos multilaterales por más de 5.000 millones de dólares, recursos que su administración espera utilizar para respaldar el programa de reformas económicas.
La nueva ley de inversiones representa así una de las primeras pruebas para el Gobierno de Paz en su intento de transformar el modelo económico boliviano y atraer capital privado después de años de fuerte intervención estatal.
