La paz, 17 de septiembre.- La Paz, 17 sep (EFE).- El Gobierno de Bolivia alertó que el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las dos mayores bandas narcotraficantes de Brasil, «están reclutando» a sus connacionales, por lo que se combate a ambas organizaciones «con la cooperación internacional».
El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, entregó estas declaraciones ante el Parlamento, durante su informe para justificar una ampliación del estado de excepción por otros 90 días.
«Estas organizaciones criminales están empezando a reclutar a compatriotas nuestros», advirtió Oviedo.
Sostuvo que el PCC y el CV son organizaciones «peligrosas» y «vienen con una instalación permanente y continua desde hace mucho tiempo» en Bolivia.
Oviedo explicó que el Gobierno cuenta con la colaboración de la cooperación internacional, como organismo con la DEA, de Estados Unidos; la Policía Federal de Brasil, organizaciones policiales de la Unión Europea (UE), entre otras, «que participan en el combate duro y difícil» que se activó contra ambas bandas criminales.
El ministro sostuvo hace un mes que el PCC y el CV «se están disputando» un corredor en territorio fronterizo de Bolivia por el cual se mueve droga hacia el exterior.
Oviedo dijo que ambas bandas de narcotraficantes pelean «para ver quién controla el narcotráfico».
El Gobierno de Rodrigo Paz decidió hace poco desplegar militares y fuerzas especiales a la población de San Ignacio de Velasco, una población de la región de la Chiquitania, en el este del país y próxima a la frontera con Brasil, tras una ola de violencia que dejó al menos cuatro personas asesinadas a tiros en dos días.
El Ministerio de Gobierno anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información.
El PCC es una de las organizaciones criminales más poderosas de Suramérica, con ramificaciones prácticamente en toda la región, especialmente en Bolivia y Paraguay, según la Fiscalía de Brasil.
