WASHINGTON, 28 feb.- Miembros clave del Congreso de Estados Unidos intensificaron la presión para someter a votación una resolución de poderes de guerra que restringiría la capacidad del presidente Donald Trump de lanzar ataques militares contra Irán sin autorización legislativa, en medio de crecientes tensiones por una operación que, según críticos, podría derivar en un conflicto prolongado en Oriente Medio.
La Cámara de Representantes y el Senado —ambos con estrechas mayorías republicanas— ya habían preparado iniciativas similares antes de los recientes bombardeos. Sin embargo, tras la ofensiva ejecutada el fin de semana, los legisladores se preparan para un debate inusual y políticamente cargado que pondrá a prueba los límites del poder presidencial en materia de guerra y el papel constitucional del Congreso.
El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, uno de los impulsores del esfuerzo bipartidista, cuestionó abiertamente la decisión del mandatario. “¿No ha aprendido nada el presidente Trump de décadas de injerencia de Estados Unidos en Irán y de guerras interminables en Oriente Medio?”, señaló, calificando la operación como “un error colosal” que podría tener consecuencias imprevisibles.
En la Cámara Baja, el demócrata por California Ro Khanna y el republicano por Kentucky Thomas Massie exigieron que el Congreso celebre una votación pública inmediata sobre su propia resolución bipartidista. “El Congreso debe reunirse el lunes para votar”, afirmó Khanna, insistiendo en que la medida busca frenar una escalada sin respaldo formal del poder legislativo. Massie, por su parte, criticó la coherencia de la política exterior presidencial y declaró: “Esto no es ‘Estados Unidos primero’”.
No obstante, la mayoría de los republicanos —incluidos los principales líderes del partido— respaldaron la ofensiva. Argumentan que los programas nucleares y el desarrollo de misiles iraníes representan una amenaza directa que requiere una respuesta firme. El senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, elogió la determinación del mandatario y sostuvo que la acción busca frenar lo que describió como un peligro inminente.
El debate revive una discusión histórica sobre la separación de poderes establecida en la Constitución estadounidense. Si bien el presidente ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la Carta Magna otorga exclusivamente al Congreso la facultad de declarar la guerra. Antes de la invasión a Irak en 2003, el entonces presidente George W. Bush obtuvo autorización legislativa tras meses de deliberaciones. En contraste, no se ha realizado una votación formal previa a la actual operación contra Irán.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió la postura del Ejecutivo al afirmar que Irán enfrenta “las severas consecuencias de sus malvadas acciones”. Señaló además que los líderes legislativos recibieron informes clasificados anticipando que la acción militar podría resultar necesaria para proteger a ciudadanos y tropas estadounidenses.
En el Senado, el líder de la mayoría, John Thune, expresó su respaldo a la decisión presidencial y subrayó que los legisladores esperan recibir información detallada por parte del gobierno sobre los objetivos y el alcance de la operación.
Desde la bancada demócrata, las críticas se han centrado en la legalidad del procedimiento. El senador Chris Van Hollen, integrante del Comité de Relaciones Exteriores, calificó la ofensiva como “una guerra ilegal de cambio de régimen”. A su juicio, el gobierno no ha presentado una justificación clara ni un plan estratégico que detalle el curso posterior de los acontecimientos.
El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, sostuvo que, aunque Irán representa un desafío serio para la seguridad internacional, cualquier uso preventivo de la fuerza debe contar con autorización explícita del Congreso. En la misma línea, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, reclamó información inmediata y advirtió que el país no desea verse envuelto en otra guerra extensa y costosa cuando enfrenta importantes desafíos internos.
Aunque una eventual aprobación de la resolución tendría un peso político significativo, su impacto práctico sería limitado. El presidente podría vetarla y, dada la actual correlación de fuerzas, resulta improbable que el Congreso reúna la mayoría calificada de dos tercios necesaria para anular ese veto. Sin embargo, los promotores de la iniciativa sostienen que el objetivo inmediato es dejar constancia pública de la postura de cada legislador y reafirmar la autoridad constitucional del Congreso en decisiones de guerra.
El desenlace del debate marcará un momento clave en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y podría definir los límites del poder presidencial en un escenario internacional cada vez más volátil.
