Bogotá, 17 feb.- El gobierno de Colombia y el grupo armado Clan del Golfo anunciaron este martes la reanudación de las conversaciones orientadas a su desmovilización, luego de que la organización ilegal suspendiera provisionalmente el proceso el pasado 4 de febrero.
La ruptura se produjo en respuesta al anuncio del Ejecutivo colombiano de que se comprometía a “neutralizar” a su principal cabecilla, Jobanis de Jesús Ávila, conocido como alias “Chiquito Malo”.
Superada la suspensión
En un comunicado conjunto, ambas partes informaron que la suspensión quedó “superada” tras una reunión celebrada el 9 de febrero en Bogotá, convocada por los países mediadores en la mesa de diálogo: Qatar, España, Noruega y Suiza, así como por la Organización de los Estados Americanos y la Iglesia Católica.
Las partes señalaron que durante el encuentro se acordaron “compromisos que permitirán avanzar decididamente en el proceso de paz en beneficio de las comunidades y del país”, aunque no detallaron si el gobierno desistirá de las operaciones contra alias “Chiquito Malo” ni si se alcanzó algún entendimiento específico sobre ese punto.
Tensión por acuerdo con Estados Unidos
El malestar del Clan del Golfo surgió tras el compromiso anunciado por el presidente colombiano Gustavo Petro luego de su reunión en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald Trump.
En ese encuentro, ambos gobiernos acordaron reforzar la cooperación en la lucha antidrogas y se comprometieron a ubicar y neutralizar a tres de los principales cabecillas de grupos armados en un plazo de dos meses. El anuncio fue interpretado por el grupo ilegal como una violación de la buena fe en las negociaciones que se desarrollaban desde septiembre en Doha.
El Clan del Golfo —que también se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia— había advertido que, de confirmarse dichas operaciones, se trataría de un “atentado contra los compromisos” alcanzados en la mesa de diálogo.
Alcance del grupo armado
Considerado el mayor cártel de drogas del país, el Clan del Golfo opera en más de una tercera parte del territorio colombiano, según la Defensoría del Pueblo. Las autoridades estiman que cuenta con entre 6.000 y 9.000 integrantes armados y mantiene presencia significativa en corredores estratégicos para el narcotráfico.
La reanudación del diálogo se enmarca en la política de “paz total” impulsada por el gobierno, que busca negociar con distintos grupos armados para reducir la violencia y avanzar en procesos de sometimiento o desmovilización.
Aunque el proceso retoma su curso, persisten interrogantes sobre la compatibilidad entre los compromisos internacionales de cooperación antidrogas y las garantías exigidas por el grupo armado para continuar en la mesa. El desarrollo de las próximas rondas será clave para determinar si la negociación logra sostenerse en medio de presiones internas y externas.
