Caracas, 6 feb.- Diputados opositores del Parlamento venezolano reclamaron este jueves que el proyecto de ley de amnistía, aprobado en primera discusión, incorpore garantías jurídicas claras y estándares internacionales que permitan a los presos políticos liberados reincorporarse a la vida pública sin temor a represalias, así como el retorno seguro de los exiliados y el cese definitivo de medidas cautelares restrictivas.
El diputado Tomás Guanipa, cuyos hermanos Pedro y Juan Pablo —este último aliado de la Nobel de la Paz María Corina Machado— continúan detenidos, subrayó que el texto “debe tener todas las garantías y los estándares internacionales para que sea una ley para todos por igual”, de modo que quienes hoy están privados de libertad “puedan salir libres e incorporarse a la vida pública”.
Guanipa insistió en que la normativa debe contemplar también a quienes se encuentran fuera del país por razones políticas. “Aquellos que están en el exilio deben poder regresar”, afirmó, al tiempo que reclamó una solución integral para las personas excarceladas bajo medidas cautelares —como presentaciones periódicas ante tribunales o prohibiciones de participación política— para que puedan recuperar “una vida normal”.
En la misma línea, el parlamentario expresó su expectativa de que la ley marque “el inicio de una nueva etapa histórica” de reencuentro nacional, en la que los ciudadanos dejen de sentir “temor a decir lo que piensan por miedo a ser apresados”.
Por su parte, el diputado David Uzcátegui sostuvo que la ley debe priorizar el reencuentro y garantizar la libertad plena para todos los presos políticos, además del reconocimiento a las víctimas mediante “espacios de verdad” que permitan escucharlas y dignificarlas. Uzcátegui enfatizó la necesidad de seguridad jurídica para que quienes decidan reinsertarse en la vida pública puedan hacerlo “sin temor a represalias”.
El diputado Luis Augusto Romero pidió ampliar el proceso de consultas y sumar a “la mayor cantidad de sectores”, entre ellos sociedad civil, decanos universitarios, ONG, gremios e iglesias, con el objetivo de lograr “un debate abierto, fecundo y honesto” que otorgue legitimidad social al texto final.
El Parlamento, dominado por el oficialismo, aprobó por unanimidad el proyecto de ley de amnistía en primer debate, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aunque el contenido del articulado no fue presentado durante la sesión. Según explicó el diputado oficialista Jorge Arreaza, la propuesta abarca casos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero excluye a personas procesadas o condenadas por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas.
El texto será sometido a consultas con distintos sectores. Para ello, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial encabezada por Arreaza e integrada por 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario Nicolás Maduro, a quienes solicitó celeridad en el proceso.
La iniciativa legislativa fue presentada el 30 de enero, en el marco de un proceso gradual de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, tras la detención de Nicolás Maduro y de Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano. La oposición sostiene que la ley de amnistía solo será efectiva si garantiza libertad real, retorno seguro, fin de la persecución política y plena reinserción de las víctimas en la vida cívica del país.
