Caracas, 1 de febrero de 2026. El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que desmantela el esquema estatista impuesto durante más de dos décadas y abre la industria petrolera a inversionistas privados y extranjeros, en un giro político forzado por el colapso económico, la captura de Nicolás Maduro y las negociaciones con Estados Unidos para la comercialización del crudo venezolano. La decisión legislativa coincidió con la emisión de una licencia general del Departamento del Tesoro de EE.UU. que habilita ciertas transacciones con petróleo venezolano, marcando un cambio estratégico respecto a las sanciones impuestas en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump.
La reforma redefine el marco legal de un sector que el chavismo convirtió en monopolio estatal, pese a que la estatización extrema condujo a la quiebra operativa de PDVSA, la caída de la producción y la pérdida de mercados internacionales. Tras la operación militar estadounidense que derivó en la detención de Maduro, Caracas y Washington iniciaron conversaciones energéticas bajo un nuevo equilibrio de poder, ahora respaldadas por un andamiaje jurídico más flexible.
Fin de la estatización: ruptura con el legado de Chávez
El cambio más relevante es la derogación del control exclusivo de PDVSA sobre exploración, extracción, transporte, comercialización, exportación y almacenamiento. La reforma introduce modificaciones a los artículos 23 y 68, permitiendo que empresas privadas y mixtas —domiciliadas en el país— asuman esas actividades. Se rompe así con la ley de 2001 y, sobre todo, con la reforma de 2006 impulsada por Hugo Chávez, diseñada para concentrar poder y renta en el Estado.
El artículo 40 habilita al Estado a contratar directamente con firmas privadas para actividades primarias, bajo el principio de que el operador asume costos, riesgos y financiamiento, previa demostración de capacidad técnica y financiera, mediante planes de negocio aprobados por el Ministerio de Hidrocarburos. En la práctica, el Estado cede operación para recuperar producción en un país sin capital, sin tecnología y sin credibilidad.
Participación privada y uso de activos de PDVSA
La reforma elimina la reserva estatal de bienes y servicios vinculados al sector. El nuevo artículo 42 autoriza a operadores privados a usar activos, materiales y áreas operacionales de PDVSA, con autorización ministerial. A cambio, deberán pagar un porcentaje del volumen producido, sujeto a fiscalización. Es un reconocimiento explícito del fracaso del monopolio y de la incapacidad de PDVSA para sostener la cadena productiva.
Incluso voces opositoras en el Parlamento admitieron el diagnóstico: el diputado Pablo Pérez calificó la derogación de la reserva estatal como un “avance importantísimo”, señalando que la excesiva estatización no produjo beneficios y reclamó resarcimiento para empresas y ciudadanos expropiados durante el chavismo.
Regalías flexibles: discrecionalidad del Ejecutivo
Las regalías, históricamente fijadas en 30 %, pasan a un esquema variable “hasta 30 %”, determinado caso por caso por el Ejecutivo, con opinión del Ministerio de Finanzas. El artículo 51 faculta a modificar porcentajes para asegurar la “competitividad internacional” y el “equilibrio económico” de los proyectos. Para críticos, el cambio introduce discrecionalidad política y riesgos de opacidad, aunque también busca atraer inversión en un contexto de riesgo país extremo.
Arbitraje y soberanía: el punto más controvertido
La reforma habilita la resolución de disputas en tribunales venezolanos o mecanismos alternativos, incluyendo mediación y arbitraje. El exministro Rafael Ramírez —figura central del chavismo petrolero— denunció una cesión de soberanía jurisdiccional y alertó que la reforma entrega activos y derechos de PDVSA a privados, convirtiendo a la estatal en una agencia administradora de contratos. La crítica expone una paradoja: el modelo que él mismo defendió terminó en ruina, y ahora el régimen intenta salvar lo que queda abriendo lo que antes cerró.
Contexto político: una apertura por necesidad, no por convicción
La aprobación de esta reforma no responde a una conversión ideológica, sino a la asfixia financiera, la caída estructural de la producción, la pérdida de mercados y la presión internacional. El chavismo abandona su dogma cuando ya no puede sostenerlo. La apertura llega tarde, con instituciones debilitadas, confianza erosionada y riesgos legales latentes.
En síntesis, Venezuela reescribe su ley petrolera para negociar con Estados Unidos, atraer capital y evitar el colapso total del sector que alguna vez fue su columna vertebral. Es el reconocimiento implícito del fracaso del socialismo petrolero: cuando el modelo se agota, incluso sus arquitectos se ven obligados a desmontarlo.