Ginebra, 29 de enero.- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos elogió este miércoles las medidas adoptadas por el Gobierno de España para avanzar en la regularización de personas migrantes, al considerar que la iniciativa no solo garantiza el acceso a derechos fundamentales, sino que también contribuye de manera directa a reforzar la cohesión social y la estabilidad de las comunidades de acogida.
“Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes”, señaló el organismo en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, apenas un día después de que comenzaran en España los trámites legales para una regularización extraordinaria que beneficiará a cerca de 500.000 extranjeros que ya residen en el país.
La oficina, dirigida por el alto comisionado Volker Türk, subrayó que este tipo de políticas permiten a los migrantes acceder a derechos y servicios esenciales, como la atención sanitaria, la educación y el empleo formal, al tiempo que preservan la dignidad humana y fortalecen el tejido social. “La regularización ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades”, remarcó el organismo.
La decisión del Ejecutivo español se produce en un contexto europeo marcado por un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias, impulsado en buena parte por el ascenso electoral de partidos de extrema derecha en varios países del continente. En contraste, la iniciativa española ha sido interpretada por organismos internacionales como un enfoque más pragmático y humanitario frente a una realidad migratoria estructural.
En los últimos años, numerosos Gobiernos europeos han optado por enfoques cada vez más restrictivos, tanto en materia de control fronterizo como en el acceso al derecho de asilo, una tendencia que también se ha reflejado en recientes reformas legislativas a nivel de la Unión Europea. Estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre el riesgo de exclusión social y vulneración de derechos fundamentales.
El contraste resulta aún más evidente al compararlo con la política migratoria de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, duramente cuestionada por Naciones Unidas. La semana pasada, Volker Türk expresó su preocupación por el aumento de muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y solicitó una investigación independiente para esclarecer las circunstancias de esos fallecimientos.
Asimismo, el alto comisionado denunció el uso recurrente de “narrativas nocivas y deshumanizantes” para referirse a migrantes y refugiados en el debate público estadounidense, advirtiendo que este tipo de discursos alimenta la discriminación, legitima políticas punitivas y erosiona los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos.
En este escenario, la regularización impulsada por España ha sido destacada por Naciones Unidas como un ejemplo de gestión migratoria inclusiva, orientada no solo a resolver situaciones administrativas irregulares, sino también a favorecer la integración social y económica de cientos de miles de personas que ya forman parte activa de la sociedad española. La ONU reiteró que medidas de este tipo pueden generar beneficios a largo plazo tanto para los migrantes como para los países de acogida, al reducir la economía informal, mejorar la recaudación fiscal y promover la convivencia social.