Lima, 25 de enero — El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció una reestructuración integral del sistema carcelario peruano, que contempla la creación de una nueva entidad estatal tras detectar “deficiencias administrativas críticas” que comprometen la operatividad y el control de los centros penitenciarios a nivel nacional.
La reforma incluye la creación de la Superintendencia Nacional de Infraestructura y Reforma Penitenciaria (SUNIR), organismo que asumirá las funciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta ahora responsable de la administración de las cárceles del país. Según explicó el mandatario, la nueva superintendencia integrará además las competencias del Programa Nacional de Centros Juveniles, con el objetivo de reforzar los mecanismos de custodia y rehabilitación.
Jerí encabezó durante la madrugada de este domingo un operativo carcelario en los penales de Huacho y Huaral, en el departamento de Lima, una acción que comparó con el modelo de control penitenciario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En declaraciones a medios locales, subrayó que la reforma busca corregir vulnerabilidades estructurales que permiten la continuidad del crimen desde el interior de los recintos penales.
“El cambio afectará intereses particulares y estructuras que han generado un estado de confort institucional, pero es un proceso irreversible en favor de la seguridad pública”, afirmó el presidente interino.
El eje central de la SUNIR será la modernización de los penales, la actualización de los sistemas de registro y la optimización de los protocolos de control interno, con el fin de lograr una gestión más eficiente y transparente de los recursos asignados al sector penitenciario.
Deficiencias graves en el control penitenciario
Como parte de las acciones de evaluación, Jerí visitó la madrugada del sábado el penal Ancón I, también en la región de Lima, donde constató irregularidades que, a su juicio, hacen que la reforma del sistema penitenciario sea “urgente e impostergable”.
Durante la inspección, relató que las autoridades tardaron varias horas en ubicar a un interno acusado de liderar desde prisión una banda de extorsionadores, y que el propio centro penitenciario no tenía certeza de si el recluso permanecía allí o había sido trasladado al penal de máxima seguridad de Challapalca semanas atrás.
“Cuando el Estado no puede determinar con precisión dónde se encuentra un interno ni qué decisiones se adoptaron sobre su traslado, el desorden deja de ser un problema administrativo y se convierte en un factor que facilita la continuidad del crimen”, advirtió Jerí.
El mandatario insistió en que el Estado no puede permitir vacíos de información sobre la ubicación y situación jurídica de la población penal, y señaló que el caso de Ancón I evidencia un sistema de registro obsoleto e ineficiente.
En medio de esta crisis, esta semana presentó su renuncia el jefe del INPE, Iván Paredes, en un contexto marcado por rumores sobre posibles contrataciones irregulares dentro de la institución, lo que refuerza la decisión del Ejecutivo de avanzar con una transformación profunda del sistema penitenciario peruano.