BOGOTÁ, 20 de enero.— La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó este lunes a cinco policías que permanecían secuestrados desde el pasado 6 de enero en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, según confirmó la Defensoría del Pueblo.
La entidad estatal precisó que los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. En un mensaje difundido en la red social X, la Defensoría compartió una fotografía en la que se observa a los policías junto a miembros de la comisión y tres guerrilleros armados del ELN.
“Un alivio esta liberación. Para ellos, para sus familias”, escribió la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien no obstante reclamó la liberación de decenas de personas que, según advirtió, continúan secuestradas por el ELN en Norte de Santander, Arauca y otras regiones del país.
Los cinco agentes fueron privados de la libertad cuando se movilizaban en un bus de servicio público, vestidos de civil, ya que se encontraban en período de descanso por las festividades navideñas, de acuerdo con el reporte oficial de la Policía tras conocerse el secuestro.
Días después, el ELN reivindicó el secuestro mediante un comunicado en el que aseguró que los policías habían sido “capturados” durante un supuesto retén de control instalado por la guerrilla en una vía de la zona. El grupo armado los señaló de ser “cómplices” del presunto apoyo y protección que, según su versión, brindarían la Policía y el Ejército a un bando rival: la disidencia de las FARC conocida como Frente 33, integrada por excombatientes que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
El Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, es desde hace más de un año escenario de una disputa armada entre el ELN y las disidencias de las antiguas FARC. De acuerdo con cifras oficiales, la violencia dejó el año pasado al menos 163 homicidios y más de 100.000 personas desplazadas.
Se trata de un territorio estratégico, disputado por narcotraficantes y grupos armados ilegales que buscan controlar una de las principales zonas productoras de coca del país, así como corredores clave para el contrabando y otras economías ilícitas en la frontera.
El ELN, en armas desde 1964, mantuvo acercamientos con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero los diálogos de paz fueron suspendidos hace un año por decisión del mandatario, en respuesta a la escalada de violencia en el Catatumbo.