Lima, 14 de enero.- Un juzgado peruano de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ordenó el archivo definitivo del proceso por lavado de activos y organización criminal contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, un caso que ya había sido anulado hace un año, según una resolución difundida por su abogada, Giuliana Loza.
La decisión fue adoptada por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en cumplimiento de una sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC). Tras conocerse el fallo, Loza afirmó que “no hubo lavado de activos ni organización criminal” y sostuvo que el proceso carecía de sustento legal.
«El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal», señaló la abogada de la líder del partido Fuerza Popular.
De acuerdo con la resolución del juez Wilson Verastegui, el Tribunal Constitucional determinó que los hechos imputados en el denominado caso Cócteles no tienen contenido penal, en aplicación del principio de legalidad.
El magistrado precisó que la figura de receptación patrimonial, incorporada dentro del delito de lavado de activos, solo entró en vigor el 26 de noviembre de 2016, por lo que no puede aplicarse a los presuntos aportes irregulares recibidos por Fuerza Popular durante las campañas electorales de 2011 y 2016.
Asimismo, el juez subrayó que el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas no estaba tipificado en la legislación peruana al momento en que ocurrieron los hechos investigados.
El archivo del proceso alcanza también a otros dirigentes del fujimorismo, como Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama y José Chlimper, así como al propio partido Fuerza Popular.
No obstante, el juzgado decidió mantener vigentes las imputaciones por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra Fujimori y otros integrantes de la organización política. Por este motivo, devolvió el requerimiento al Ministerio Público para que emita un nuevo pronunciamiento exclusivamente sobre estos cargos.
A Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se le investigaba por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales, un proceso que la exponía a una posible condena de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, hace un año el juicio fue anulado y el caso regresó a la etapa intermedia.
Recientemente, el Tribunal Constitucional reforzó esta posición al señalar que la omisión de declarar aportes de campaña ante las autoridades electorales no constituía delito en el momento en que ocurrieron los hechos.
En paralelo, este martes se informó que la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la Fiscalía suspendió por seis meses al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien lideraba la acusación por lavado de activos contra Fujimori. La medida cautelar lo aparta temporalmente de su cargo por presuntas infracciones administrativas graves vinculadas a su actuación en el extinto Equipo Especial Lava Jato.
Keiko Fujimori se encuentra actualmente inmersa en su cuarta candidatura presidencial, de cara a las elecciones generales previstas para abril próximo, en un escenario político marcado por el cierre definitivo de uno de los procesos judiciales más emblemáticos en su contra.
