Ottawa, 14 de enero. Canadá se prepara para uno de los mayores ajustes migratorios de su historia reciente: más de 2,1 millones de residentes temporales deberán abandonar el país este año al expirar sus permisos, en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias y una reducción drástica de las opciones para obtener la residencia permanente.
Uno de ellos es Abhishek Parmar, un joven originario de la India que llegó en 2019 a la región de Windsor-Essex con apenas 19 años para estudiar ingeniería mecánica en el St. Clair College. Tras invertir más de 80.000 dólares en estudios y manutención, logró incorporarse al sector automotriz, pero una sucesión de despidos vinculados a los aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos truncó su camino hacia la residencia permanente.
Parmar había solicitado la residencia en 2024 a través de un programa provincial de Ontario, un proceso directamente ligado a su empleo. Al perder el trabajo, también perdió su oportunidad migratoria. Su permiso de trabajo vence a mediados de marzo y ahora enfrenta la posibilidad de regresar a su país, dejando en suspenso su proyecto de vida en Canadá.
A pesar de ello, el joven asegura que sigue intentando todas las vías posibles: exámenes de inglés, estudios de francés y consultas migratorias. Si no logra una solución, contempla regresar a la India y volver a postular desde el extranjero o solicitar una extensión de su permiso laboral.
Un ajuste migratorio sin precedentes
La situación de Parmar no es aislada. Según datos oficiales, 1,49 millones de permisos temporales vencieron en 2025, y otros 1,4 millones lo harán en 2026, lo que eleva el total a 2,9 millones de permisos vencidos en dos años. De ese grupo, solo una parte podrá acceder a la residencia permanente, ya que el Gobierno ha fijado 395.000 plazas en 2025 y 380.000 en 2026.
Esto implica que al menos 2,1 millones de personas quedarán sin estatus legal o deberán abandonar el país. Más del 55 % de los permisos que vencen este año expirarán en el mes de junio, lo que anticipa un pico de salidas y solicitudes desesperadas en los próximos meses.
Las autoridades canadienses recuerdan que el estatus temporal no garantiza el acceso a la residencia permanente y que quienes no renueven o regularicen su situación deben salir del país antes de que expire su autorización.
El riesgo de un aumento de la inmigración irregular
Expertos en inmigración advierten de un escenario complejo. El abogado Lou Janssen Dangzalan sostiene que el Gobierno parte del supuesto de que todos los residentes temporales cumplirán las normas y regresarán voluntariamente a sus países de origen, algo que considera poco realista.
Durante años, Canadá fue percibida como un país donde la residencia permanente era relativamente accesible. Muchos inmigrantes vendieron propiedades, contrajeron deudas o pidieron préstamos para instalarse. Ahora, con las puertas cerrándose, el riesgo de que miles pasen a la clandestinidad es real.
Las estimaciones oficiales indican que ya podría haber entre 200.000 y 500.000 inmigrantes indocumentados en Canadá. Entre 2024 y 2025, el país deportó a más de 18.000 personas, la mayoría solicitantes de asilo rechazados, con un coste superior a 78 millones de dólares.
Dangzalan advierte que 2026 será un año especialmente duro, tanto para los migrantes como para un sistema administrativo con recursos limitados. Según el abogado, muchos temen regresar a sus países por la presión económica y social, lo que aumenta la ansiedad y el riesgo de irregularidad.
Empresas y consultores alertan: “Las cifras no cuadran”
Desde el sector de la consultoría migratoria, Amanjit Kaur Verma, fundadora de Earnest Immigration en Windsor, coincide en que la competencia por la residencia permanente se ha disparado.
El número de solicitantes crece, pero las plazas son limitadas. “Las matemáticas no cuadran”, afirma Verma, quien señala que la mayoría de sus consultas actuales provienen de personas con permisos a punto de vencer que buscan desesperadamente una solución legal.
La consultora advierte que muchos inmigrantes fueron atraídos por el “sueño canadiense” sin comprender que la residencia permanente es un privilegio, no un derecho automático. También reconoce que, ante la falta de opciones, algunas personas consideran pasar a la clandestinidad, una vía que califica de equivocada y peligrosa.
Verma sostiene que Canadá debería priorizar a quienes ya están en el país, trabajan y contribuyen a la economía, y recalibrar sus políticas para evitar una crisis humanitaria y laboral de gran magnitud.
Un cambio de rumbo en la política migratoria
El Gobierno canadiense ha dejado claro que su objetivo es reducir el número de residentes temporales y mantenerlos por debajo del 5 % de la población para finales de 2027. Según el plan oficial, se busca “recuperar el control del sistema migratorio” y garantizar su sostenibilidad, sin renunciar a los compromisos humanitarios.
Sin embargo, abogados, consultores y organizaciones sociales coinciden en que el proceso será doloroso y que el país se enfrenta a una transición compleja, con consecuencias económicas, sociales y humanas aún difíciles de dimensionar.
