SANTIAGO DE CHILE, 31 dic — La Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) presentó ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago la acusación formal contra 20 integrantes de los “Piratas de Aragua”, organización criminal señalada como responsable de al menos cinco secuestros con homicidio, entre ellos el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, un caso que ha generado un fuerte impacto político y judicial tanto en Chile como a nivel internacional. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró este martes que el Gobierno respalda plenamente la investigación del Ministerio Público y subrayó que el crimen “no va a quedar en la impunidad”.
El secretario de Estado fue enfático al señalar que “los delitos que se cometen en Chile son investigados en Chile, y los autores responden ante la justicia chilena”, recalcando el compromiso del Ejecutivo con el Estado de Derecho y con el esclarecimiento total de un hecho que calificó como “un crimen atroz”. En esa línea, Elizalde afirmó que se aplicarán “las máximas sanciones que establece nuestra legislación” contra los responsables.
Consultado sobre la tesis de la Fiscalía, que apunta a un crimen político orquestado desde Venezuela, presuntamente vinculado a altas esferas del régimen de Nicolás Maduro, incluido Diosdado Cabello, el ministro evitó pronunciarse sobre responsabilidades políticas directas y recordó que “quien lleva adelante las investigaciones penales es el Ministerio Público”. No obstante, confirmó que el Estado chileno ha respaldado institucionalmente la indagatoria, incluyendo gestiones internacionales realizadas por la Cancillería junto a la Fiscalía para exponer los antecedentes del caso.
Según explicó el fiscal Héctor Barros, la acusación presentada contra los “Piratas de Aragua” contempla más de 200 testigos y más de 100 peritajes, en una causa de alta complejidad que podría derivar en penas que van desde los 5 años de prisión hasta cadena perpetua. El juicio oral, que se prevé maratónico, comenzará en los próximos meses.
Barros detalló además que existen imputados prófugos y otros con órdenes de extradición pendientes, cuyas causas fueron separadas para continuar la investigación sin perjuicio del proceso principal. “Se han despachado nuevas órdenes de detención y medidas intrusivas contra otros partícipes de los delitos”, precisó el persecutor, subrayando que la investigación sigue abierta.
La tesis de un crimen político ha sido respaldada por diversos antecedentes recopilados por la Fiscalía y reforzada por un reportaje del medio de investigación periodística Ciper, publicado esta semana. De acuerdo con ese informe, el secuestro y asesinato de Ojeda habría sido ordenado desde Venezuela, planificado por líderes del Tren de Aragua y ejecutado por su célula operativa en Chile, los llamados “Piratas de Aragua”.
Entre las principales evidencias figuran declaraciones de testigos protegidos y un audio atribuido al “Gordo Alex”, identificado como uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile. Un testigo cercano a Adrián Gámez Finol, alias “el Turko”, señalado como líder de la célula, aseguró que la orden de matar a Ojeda provino del máximo cabecilla del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, y que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.
“La instrucción bajó desde el Niño Guerrero, llegó al Bobby y luego al Turko”, señala la declaración, que además menciona que el secuestro habría sido financiado por instancias vinculadas al régimen venezolano, descartando que la víctima tuviera relación con delitos comunes como drogas o armas. El testimonio detalla también la existencia de un grupo de WhatsApp en el que se coordinó el operativo, incluyendo el uso de vestimenta similar a la de la Policía de Investigaciones (PDI) para ejecutar el secuestro.
Un segundo testigo protegido, identificado como “Testigo Reservado N°7”, corroboró que el crimen fue “ordenado por el gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por sus integrantes en Chile”, agregando que, tras el asesinato, los autores debían huir a Perú, donde recibirían el pago por el crimen.
Otra de las pruebas clave corresponde al testimonio de un acusado que residía en la mediagua del campamento de Maipú donde fue sepultado el cuerpo de Ojeda, quien afirmó haber escuchado que el exmilitar “fue asesinado por traicionar a su patria”. A ello se suma el audio en el que el “Gordo Alex” reconoce haber participado en el asesinato de un exuniformado venezolano en Chile, aunque sin mencionar nombres.
El caso Ronald Ojeda se ha transformado en uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en Chile, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por sus implicancias políticas y de seguridad internacional. Desde el Gobierno, el mensaje ha sido claro: respaldo total a la Fiscalía, compromiso con la justicia y la convicción de que este crimen no quedará impune.
