Madrid, 13 dic.— La exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso quedaron este sábado en libertad provisional con medidas cautelares tras comparecer ante la Audiencia Nacional, en una causa que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.
El juez Antonio Piña, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acordó para los tres la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. Los investigados abandonaron la Audiencia Nacional por su propio pie, sin realizar declaraciones, ante la expectación de decenas de medios de comunicación.
Los tres habían sido detenidos el miércoles en el marco de una investigación dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según confirmaron a EFE fuentes jurídicas.
Leire Díez se acoge a su derecho a no declarar
Durante su comparecencia, Leire Díez, que salió del edificio judicial con el rostro cubierto, se acogió a su derecho a no declarar al encontrarse la causa bajo secreto de sumario, una decisión que también adoptó el empresario Antxon Alonso.
Por el contrario, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández sí declaró ante el magistrado y negó de forma tajante haber participado en amaños de contratos públicos o en el cobro de comisiones ilegales, pese a haber sido interrogado específicamente sobre estas sospechas.
Contratos bajo sospecha y una segunda causa para Díez
La investigación se centra en presuntos amaños en adjudicaciones públicas que podrían remontarse a los años 2021 y 2022, de acuerdo con fuentes cercanas al caso. En este contexto, la UCO ha llevado a cabo esta semana una veintena de registros y requerimientos de información en organismos públicos y empresas estatales.
Este procedimiento supone la segunda causa judicial abierta contra Leire Díez, que ya se encuentra imputada en otra investigación por presunto cohecho y tráfico de influencias. En ese caso, los investigadores sospechan que habría maniobrado junto a un empresario para obtener información comprometida sobre fiscales y mandos de la UCO, con el objetivo de entorpecer investigaciones judiciales en curso.
El papel de Vicente Fernández y la conexión con Servinabar
Durante su declaración, Vicente Fernández fue preguntado también por su relación con la empresa Servinabar, implicada en el caso Koldo, para la que trabajó tras dimitir en 2019 como presidente de la SEPI, cuando fue imputado por el supuesto amaño del concurso de la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), causa de la que posteriormente resultó absuelto.
Servinabar está administrada por Antxon Alonso, tercer investigado en esta causa. Según los investigadores del caso Koldo, Alonso mantiene vínculos con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien habría adquirido cerca de la mitad de las participaciones de la empresa mediante un contrato cuya validez jurídica Cerdán niega.
Registros en empresas públicas y organismos oficiales
En el marco de la investigación, la UCO ha solicitado información a la SEPI, Correos y ha registrado la sede de Enusa, empresa pública dependiente de la SEPI, donde Leire Díez trabajó como responsable de comunicación durante la etapa en la que Vicente Fernández presidía el holding estatal (2018-2019).
En Correos, Díez ocupó diversos cargos, incluido el de directora de Filatelia, hasta 2023.
Los agentes también se han desplazado a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, así como a Cofivacasa, Sepides y Mercasa, todas ellas entidades vinculadas al sector público estatal.
Además, se registró un bar en Sevilla, donde se incautaron documentos contables y dispositivos electrónicos para determinar si el establecimiento pudo utilizarse para blanquear dinero presuntamente ilícito relacionado con la trama investigada.
La causa sigue bajo secreto de sumario, mientras la Audiencia Nacional avanza en una investigación que estrecha aún más el cerco judicial en torno a contratos públicos, empresas estatales y el entorno del caso Koldo, con un fuerte impacto político en pleno desgaste del Gobierno.
