Bogotá, 16 Nov.-— El presidente colombiano Gustavo Petro asumió la responsabilidad por un bombardeo ejecutado contra disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare, que dejó un total de 20 guerrilleros muertos, incluidos siete menores de edad. El ataque fue dirigido al grupo liderado por Néstor Vera, alias Iván Mordisco.
Petro justificó la operación afirmando que, de no haber intervenido, los 150 combatientes de Mordisco podrían haber emboscado a 20 soldados jóvenes, poniendo en riesgo sus vidas. “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, dijo el mandatario en su cuenta de X, ante críticas por la muerte de niños y adolescentes.
El Instituto de Medicina Legal confirmó que entre las víctimas hay siete menores, cuatro niñas y tres niños, y que trece cuerpos corresponden a hombres y siete a mujeres. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que los menores fueron reclutados por grupos armados, pero subrayó que la operación militar debe respetar el derecho internacional humanitario.
En reacción política, la representante Katherine Miranda anunció que presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, exigiendo transparencia sobre el informe de inteligencia, los protocolos aplicados para proteger a los menores y la autoridad que dio la orden del bombardeo.
Petro defendió su decisión recordando que, cuando estaba en la oposición, criticó bombardeos similares durante el Gobierno de Iván Duque, pero enfatizó que la situación actual requería actuar para proteger a los soldados y recuperar control sobre el territorio.
El mandatario señaló además que, bajo su Gobierno, 2.411 niños han sido rescatados de grupos armados, y que la neutralización de combatientes ilegales es parte de su estrategia para garantizar la paz y transformar las zonas afectadas por el conflicto.
La polémica se intensifica por la contradicción con sus declaraciones pasadas, cuando catalogó bombardeos que involucraban menores como crímenes de guerra, y ahora defiende la operación en Guaviare como un acto necesario para proteger vidas y seguridad militar.
El caso sigue generando debate sobre la ética y legalidad de las operaciones militares en zonas de conflicto, especialmente cuando involucran menores de edad reclutados por grupos armados.
