Caracas, 29 de septiembre. La líder opositora venezolana María Corina Machado solicitó este domingo al papa León XIV que interceda por la liberación de los presos políticos en Venezuela antes de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, prevista para el 19 de octubre en el Vaticano.
“Hoy alzamos nuestra voz para pedir una canonización sin presos políticos. Le pedimos a su santidad, el papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo que intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados”, expresó Machado a través de su cuenta en la red social X. La dirigente subrayó que los venezolanos siguen luchando “por la libertad, la justicia, la verdad y la familia”.
Carta abierta al Papa y campaña digital
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) lanzó una carta abierta dirigida al pontífice, invitando a los venezolanos a firmarla de manera digital. En ella, solicitan que exija al Gobierno de Nicolás Maduro la liberación “inmediata e incondicional” de los 823 presos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal.
La misiva destaca que la canonización de los dos primeros santos venezolanos representa “una oportunidad única para sanar las heridas que representan los presos políticos” y podría convertirse en un acto de reconciliación, paz y libertad.
De forma paralela, el Clipp impulsó en redes sociales la campaña con la etiqueta #CanonizaciónSinPresosPolíticos, pidiendo a los ciudadanos publicar mensajes, fotos y videos de apoyo para dar visibilidad a la causa.
Escalada de la represión en Venezuela
En la carta enviada al papa León XIV, el comité advierte que la crisis de derechos humanos en Venezuela “ha escalado dramáticamente”, señalando que las detenciones arbitrarias ya no afectan solo a líderes políticos, sino también a ciudadanos de diferentes sectores sociales.
El Gobierno venezolano y la Fiscalía niegan que existan presos políticos, asegurando que las personas detenidas han cometido delitos comunes. Esta versión es rechazada por la oposición y organizaciones internacionales de derechos humanos, que insisten en que se trata de una estrategia de represión contra la disidencia.
