Lima, 1 sep.- La ex primera ministra de Perú, Betssy Chávez, de 36 años, fue trasladada este lunes al hospital María Auxiliadora en Lima tras cumplir diez días de huelga de hambre seca mientras enfrenta proceso judicial por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022, informó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
El traslado se realizó “por indicación médica y como medida de prevención” para garantizar un monitoreo constante y descartar complicaciones en su salud, indicó el Inpe en su cuenta de X. Desde el inicio de la huelga, Chávez había recibido supervisión permanente del médico penitenciario.
El abogado de la exministra, Raúl Noblecilla, señaló que el informe del hospital revela que Chávez está en riesgo de vida, con desnutrición por inanición y bradicardia tras diez días sin ingerir alimentos ni líquidos. Noblecilla denunció que el Inpe “calla y se niega a responder ante esta situación extrema”.
Motivos de la protesta
Chávez retomó la huelga para denunciar presuntos maltratos en la cárcel de mujeres de Chorrillos y exigir su traslado, así como el de otras dos reclusas, por considerar que su integridad está amenazada. Antes de iniciar la medida, dejó un testamento en redes sociales rechazando cualquier intento de hidratación o reanimación.
El Inpe negó que existan pruebas de los malos tratos y señaló que la exministra no había solicitado personalmente el traslado, requisito necesario para evaluar su caso. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) respaldó la solicitud de Chávez tras una visita a la prisión.
Contexto judicial
Chávez, junto a otros exmiembros del gabinete y el expresidente Castillo, enfrenta un proceso judicial por el intento de golpe de Estado, que puede acarrear penas de entre 25 y 34 años de cárcel. Castillo le pidió previamente que deponga la huelga, asegurando que “al pueblo no le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto, sino acompañando en las luchas permanentemente”.
En paralelo, la defensa de Chávez presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular la prisión preventiva dictada en 2023. La Defensoría del Pueblo solicitó intervenir como amicus curiae para garantizar el respeto a los plazos de prisión preventiva y la presunción de inocencia.
