La Paz, 30 ago.- La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, está a un paso de recuperar la libertad tras permanecer casi cinco años en prisión por su papel en la crisis política que provocó la renuncia de Evo Morales en 2019. Un tribunal ordinario declinó competencia y ordenó que sea juzgada mediante un proceso especial reservado a exmandatarios, lo que le permitiría enfrentar sus causas en libertad.
La resolución fue adoptada cerca de la medianoche del viernes tras una extensa audiencia virtual que Áñez siguió desde la cárcel de mujeres en La Paz, donde cumple condena por presunta sedición, conspiración y por las muertes ocurridas durante las protestas que estallaron tras las elecciones denunciadas como fraudulentas en las que Morales buscaba la reelección.
La exmandataria, que gobernó entre 2019 y 2020, acumula siete procesos ordinarios y fue sentenciada a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. No obstante, su abogado, Luis Guillén, explicó que ese fallo está en “revisión” por parte de la Corte Suprema, lo que abriría la puerta a su anulación y a la celebración de un juicio de responsabilidades, reservado constitucionalmente a expresidentes. “Una vez que el alto tribunal se pronuncie, Áñez podrá salir de la cárcel y enfrentar el proceso en libertad”, afirmó.
Camacho y Pumari también excarcelados
Las decisiones judiciales no solo favorecen a Áñez. Horas antes, el suspendido gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, fue liberado tras casi tres años de detención preventiva. A su llegada a la capital cruceña, bastión opositor del oriente boliviano, fue recibido por una multitud que lo aclamó como símbolo de resistencia contra el MAS. “Ha sido un honor estar preso por defender la democracia”, expresó desde una tarima ante sus seguidores.
En paralelo, el exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, también recuperó su libertad después de casi cuatro años en prisión preventiva.
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó esta semana revocar el arresto preventivo de Áñez, Camacho y Pumari tras constatar que se habían excedido los plazos legales para la detención preventiva, lo que, según organismos internacionales como la OEA y Amnistía Internacional, había convertido sus procesos en una muestra de persecución política.
Contexto político
Los tres dirigentes opositores fueron encarcelados por su participación en las protestas de 2019, que dejaron al menos 37 muertos. Mientras la fiscalía insiste en que el mandato de Áñez fue resultado de un “golpe de Estado”, la oposición defiende que lo ocurrido fue una “rebelión contra el fraude electoral”.
Estas resoluciones judiciales llegan pocos días después de las elecciones del 17 de agosto, que supusieron un giro en el escenario político boliviano tras la derrota del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales y Luis Arce, que había gobernado el país durante casi dos décadas.
