Caracas, 28 ago.- La ONG venezolana Provea denunció este miércoles que el despliegue de unos 15.000 militares anunciado por el régimen de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia “abre las puertas a nuevos abusos contra los pobladores” de las zonas limítrofes, donde históricamente la militarización ha generado violaciones de derechos humanos.
En un comunicado, la organización recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar la soberanía, pero advirtió que operaciones similares en el pasado han demostrado su ineficacia, ya que lejos de disminuir la presencia de grupos armados irregulares, incrementaron los atropellos contra la población.
Provea denunció que el modelo aplicado por el chavismo responde a una “seguridad territorial hegemónica”, que privilegia la “mano dura” militar-policial en detrimento del desarrollo social e institucional. Además, recordó que entre 2015 y 2016, el régimen decretó ocho estados de excepción que afectaron a 26 municipios fronterizos, generando la criminalización y estigmatización de cientos de familias acusadas de “contrabandistas” o “traidores a la patria”.
“La narrativa de la persecución del enemigo interno o externo ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos en nombre de la seguridad nacional”, advirtió la ONG, que alertó sobre un contexto actual de negación de la ciudadanía, represión y castigos ejemplarizantes contra comunidades fronterizas.
El anuncio de Maduro coincidió con declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien confirmó el despliegue de drones, patrullas fluviales, buques de guerra y la intensificación de la “Operación Relámpago del Catatumbo”, destinada a reforzar el control militar en la frontera y en aguas del Caribe.
Paralelamente, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó la detención de 12 personas en el delta del Orinoco, entre ellas ocho colombianos y dos trinitenses, acusados de participar en “actividades ilícitas transfronterizas”.
El endurecimiento de la militarización ocurre en medio del cerco naval de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, un escenario que el régimen venezolano interpreta como una amenaza directa y frente al cual asegura estar “preparado para lo peor”.
