LIMA, 27 de agosto.– La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó la nueva investigación fiscal contra su hermano Nicanor Boluarte, calificándola como un ataque político en su contra y acusando al Ministerio Público de actuar como un “poder en la sombra” que busca desestabilizar a su Gobierno.
En la madrugada de este miércoles, agentes de la Fiscalía y de la Policía allanaron la vivienda de Nicanor Boluarte en el distrito limeño de San Borja, en el marco de una pesquisa sobre un presunto favorecimiento ilícito a la minera El Dorado. La operación incluyó otros registros, como el de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, donde se encuentran las operaciones de la empresa.
Desde el Palacio de Gobierno, la mandataria denunció que la medida responde a un montaje judicial:
“Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que fabrican carpetas sin ningún sustento jurídico ni penal. Yo sé que no es contra mi hermano, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni al rencor”.
Boluarte aseguró que su familia se mantendrá “firme y sin miedo absolutamente a nadie” y acusó a funcionarios de la Fiscalía de tener patrimonios injustificados, instándolos a “autoallanarse”. También advirtió que estos procesos buscan interferir en las elecciones, alertando a los peruanos a no dar “un salto al vacío” apoyando a candidatos que, según ella, pretenden “capturar instituciones”.
Por su parte, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, calificó el operativo de “abuso innecesario”, asegurando que su defendido no tiene relación con ninguna minera ni con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, también investigado por presuntos conflictos de interés cuando era ministro del Interior.
Nicanor Boluarte ya enfrentaba desde 2024 otra investigación por su supuesta vinculación con la red criminal “Los Waikis en la sombra”, acusada de tráfico de influencias en el nombramiento de cargos públicos.
La polémica se suma a un clima político cada vez más tenso, en el que la figura de la presidenta Dina Boluarte aparece cada vez más cuestionada en medio de denuncias cruzadas entre el Ejecutivo, el Congreso y el Ministerio Público.
