MIAMI, 4 agosto. – El centro de detención conocido como Alligator Alcatraz ha cumplido un mes de operaciones en Florida con al menos 600 migrantes deportados y cerca de 1.000 detenidos, según organizaciones civiles, consolidándose como un nuevo “hub” de deportaciones que el gobernador Ron DeSantis promueve como modelo nacional, pese a crecientes acusaciones de violaciones a derechos humanos, opacidad y daños ambientales.
Ubicado en un aeropuerto abandonado dentro de los Everglades, el sitio fue construido en apenas una semana y tiene capacidad actual para 2.000 personas, con planes de expansión a 4.000, según la División de Manejo de Emergencias de Florida. Su nombre no oficial, Alligator Alcatraz, hace referencia tanto al aislamiento de la zona como a la presencia de caimanes en los pantanos circundantes.
DeSantis lo ha calificado como una infraestructura ejemplar, mientras que activistas y defensores migratorios lo denuncian como un símbolo de excesos autoritarios. “Este campo de detención en los Everglades es un ejemplo atroz de la sobreactuación del Gobierno”, denunció Jeff Migliozzi, de la organización Freedom For Immigrants, en declaraciones a EFE.
Detenciones masivas y opacidad institucional
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha operado vuelos de deportación directamente desde Alligator Alcatraz, y la Florida Immigrant Coalition contabiliza más de 1.000 detenciones desde su apertura el pasado 3 de julio. Legisladores demócratas informaron la presencia de 750 migrantes «en jaulas», y han solicitado mayor transparencia sobre las condiciones del lugar.
La profesora Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC que analiza datos de ICE, denunció que el centro no figura en las estadísticas oficiales de detenciones migratorias. “Están reteniendo personas en Alligator Alcatraz sin reportarlo públicamente”, aseguró.
Un modelo que busca replicarse en otros estados
DeSantis afirmó que Alligator Alcatraz es ya un “hub migratorio”, desde donde se deporta directamente a los países de origen o se traslada a migrantes a estados como Luisiana para su clasificación por nacionalidad. El mandatario también aseguró que la Casa Blanca ha solicitado a otros gobernadores republicanos replicar el modelo de Florida.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que ya hay conversaciones con cinco estados para expandir esta estrategia. Florida declaró una “emergencia” para justificar la construcción del centro, cuya inversión inicial fue de 450 millones de dólares. Paralelamente, FEMA anunció fondos por 608 millones para ampliar centros similares en todo el país.
Un informe del American Immigration Council (AIC) señala que ICE recibirá 45.000 millones de dólares hasta 2029, lo que permitiría detener diariamente a 116.000 personas, superando por un 62 % el presupuesto del sistema penitenciario federal.
Demandas judiciales y resistencia ambientalista
La falta de claridad sobre quién dirige el centro ha motivado dos demandas judiciales: una de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otra de Friends of the Everglades junto con Center for Biological Diversity.
Ambas denuncian que ni el Gobierno federal ni el estatal asumen la responsabilidad legal sobre el lugar, lo cual dificulta la supervisión ambiental y de derechos humanos. “Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin acceso a las cortes y bajo una autoridad no identificada”, señala la demanda de la ACLU, respaldada por Americans for Immigrant Justice.
La polémica en torno a Alligator Alcatraz crece mientras DeSantis y aliados republicanos promueven una red nacional de centros de detención inspirados en este modelo, enmarcados en un posible regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025.
