LA HAYA, 3 agosto – La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó al fiscal jefe Karim Khan retirarse de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al determinarse un conflicto de intereses derivado de su relación familiar con una abogada que defiende al régimen de Nicolás Maduro ante la propia corte.
Khan, abogado británico y fiscal jefe desde 2021, dirigía la investigación sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales contra opositores políticos. No obstante, la sala de apelaciones de la CPI concluyó el viernes que su estrecha relación familiar con la penalista internacional Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan e integrante del equipo legal de Venezuela, constituye una causa legítima para su recusación.
“Un observador imparcial y razonable percibiría razonablemente un sesgo”, afirmaron los jueces, quienes dieron a Khan un plazo de tres semanas para presentar formalmente su exclusión del caso.
La denuncia inicial sobre el conflicto fue revelada por The Washington Post en septiembre de 2024, lo que motivó a la Fundación Arcadia, organización defensora de los derechos humanos con sede en Washington, a presentar una solicitud formal de recusación. La fundación señaló que la implicación de Alagendra en el equipo legal del régimen venezolano generaba una “apariencia innegable de impropiedad”.
Aunque inicialmente la denuncia fue desestimada por la corte, en febrero de este año se reabrió el análisis del caso. En su defensa, Khan negó cualquier intercambio de información confidencial con su cuñada y declaró no haber asistido a reuniones relacionadas con ella ni con su equipo en Venezuela. Sin embargo, los jueces valoraron también la relación profesional previa entre ambos, y concluyeron que la situación vulnera los principios de imparcialidad y ética de la Fiscalía de la CPI.
Khan ya se encontraba de baja en la CPI desde mayo, cuando presentó su dimisión temporal por una investigación interna relacionada con conducta sexual inapropiada. Su gestión había sido marcada por procesos simultáneos contra líderes de Israel, Rusia y Venezuela.
La CPI abrió formalmente su investigación contra Venezuela en 2021 tras una solicitud conjunta presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. El caso es la única investigación activa del tribunal en América Latina y uno de los procesos más delicados del sistema internacional de justicia penal.
La Fundación Arcadia celebró la decisión como una “victoria histórica para la transparencia”:
“Esta decisión no solo representa un hito clave para Venezuela, sino también un precedente crucial que refuerza la justicia internacional”, expresó la organización en un comunicado.
El código de conducta del tribunal exige a los fiscales abstenerse de intervenir en casos donde haya intereses personales, familiares o profesionales que puedan comprometer su neutralidad, principio que según la sala de apelaciones fue infringido por Khan.
La decisión pone presión sobre la continuidad de la investigación contra el régimen de Maduro, cuestionado a nivel internacional por múltiples violaciones a los derechos humanos. La CPI deberá ahora designar un nuevo fiscal que asuma la conducción del caso con las garantías necesarias de independencia e integridad.
