Madrid, 26 julio.- La Agencia Tributaria implementará a partir de 2026 una estricta normativa para que todas las empresas y autónomos actualicen sus sistemas informáticos de facturación con el fin de reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Esta reforma exige que cada factura emitida genere un registro inmodificable y permanente.
Esta actualización responde a la ley aprobada en 2021 que fortalece la seguridad en la gestión de facturas, garantizando que, una vez emitidas, no puedan ser borradas ni alteradas. Los sistemas deberán incorporar medidas que generen un registro con el contenido completo de la factura y datos informáticos asociados, además de un código QR para facilitar su verificación.
La normativa afecta a todos los empresarios y profesionales —personas físicas o jurídicas— que utilicen software para emitir, conservar y procesar facturas. Quedan exentos quienes no emiten facturas, emiten únicamente en papel o están adscritos al Suministro Inmediato de Información (SII). También quedan fuera los contribuyentes residentes en País Vasco y Navarra, debido a sus regímenes fiscales propios.
Desde el 29 de julio, los desarrolladores de software ya no podrán comercializar sistemas no adaptados. La obligación de cumplir con la nueva norma entrará en vigor el 1 de enero de 2026 para contribuyentes del Impuesto de Sociedades y el 1 de julio para el resto.
El reglamento ofrece dos modalidades para el almacenamiento de registros:
- Verifactu: el sistema envía automáticamente el registro a la Agencia Tributaria, que se encarga de su custodia y conservación.
- No Verifactu: el propio sistema del emisor debe garantizar la integridad y trazabilidad del registro.
Para pequeños operadores que no requieran software específico, la Agencia ofrece un formulario gratuito para elaborar facturas bajo modalidad Verifactu.
La Agencia Tributaria recomienda la modalidad Verifactu, ya que facilita el acceso directo a datos para controles y simplifica los requisitos de seguridad, evitando firmas electrónicas o registros adicionales.
Este cambio no modifica el proceso de facturación en sí, sino que obliga a reemplazar el software actual por uno adaptado que garantice el cumplimiento legal, tarea que recaerá en los proveedores.
Cada factura incluirá un código QR para que clientes y autoridades puedan verificar el estado del registro: verde si está enviado a la Agencia, amarillo si no (modo no Verifactu) o gris si no corresponde a un registro.
Las sanciones por incumplimiento son severas: hasta 150.000 euros por ejercicio para proveedores que comercialicen sistemas no adaptados y 50.000 euros por su mera posesión.
Es importante destacar que el registro de facturación es distinto de la factura electrónica, que entrará en vigor en 2027 o 2028 y aplicará solo a grandes facturadores con ingresos superiores a 8 millones de euros, con el objetivo de combatir la morosidad.
