QUITO, 26 de julio – El gobierno de Ecuador deportó este sábado a centenares de presos colombianos como parte de una polémica estrategia para descongestionar el saturado sistema penitenciario nacional, una medida que fue duramente criticada por Colombia, al considerarla una acción unilateral y carente de coordinación diplomática.
Según las autoridades ecuatorianas, los internos fueron trasladados desde varias cárceles hasta el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia. La gobernadora de la provincia del Carchi, Diana Pozo, informó que unos 800 reclusos fueron procesados para su deportación, de los cuales los que portaban documentos de identidad pudieron ingresar sin contratiempos, mientras que los que no los tenían fueron identificados mediante huella digital.
Por su parte, la Cancillería colombiana reportó que 603 personas habían sido registradas como expulsadas, y que 450 ya habían ingresado al país. De estos, 348 tenían antecedentes penales confirmados, mientras que para el resto se solicitó información adicional a Ecuador. No se precisaron los delitos por los cuales cumplían condena en territorio ecuatoriano.
La medida se enmarca en un anuncio realizado en febrero por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien informó que repatriaría a unos 1.500 reclusos extranjeros —de un total de aproximadamente 3.300— como parte de un esfuerzo por aliviar el hacinamiento carcelario y reducir la violencia dentro de los penales.
El sistema penitenciario ecuatoriano cuenta actualmente con 35.000 presos, aunque su capacidad máxima es de apenas 27.000, según cifras oficiales.
La acción, sin embargo, generó malestar en Bogotá, que expresó el viernes su “enérgica protesta” al considerar que la deportación masiva se ejecutó sin un protocolo bilateral, calificándola como un “gesto inamistoso” que ignoró sus reiteradas solicitudes de coordinación para asegurar un traslado digno de sus ciudadanos. La canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, se desplazó a la frontera para gestionar la situación.
En respuesta, la Cancillería ecuatoriana defendió la legalidad del proceso y afirmó que se respetaron los derechos humanos y el debido proceso. Además, aseguró que Colombia fue notificada oficialmente el 8 de julio sobre los casos individuales de deportación en curso.
Esta es la tercera repatriación masiva realizada bajo el mandato de Noboa. La última, en abril, incluyó a ocho reclusos trasladados a la ciudad colombiana de Ipiales. En junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley que permite la expulsión de reclusos extranjeros, prohibiéndoles el reingreso por 40 años, y estableciendo que, de hacerlo, podrían ser considerados objetivos militares.
La controvertida política refleja la presión que enfrenta Ecuador por la violencia carcelaria y el crecimiento del crimen organizado, problemas que han colocado al sistema penitenciario en el centro de la crisis de seguridad nacional. Mientras tanto, la decisión de Quito amenaza con tensar aún más las relaciones diplomáticas con Bogotá, en un momento regional de alta sensibilidad política y social.
